Ecuador 2022: aumento de crímenes contra personas LGBTIQ+ y escasos avances en derechos

De acuerdo al informe Runa Sipiy, este año ha sido el más violento para quienes conforman  las diversidades. Mientras, las iniciativas del Gobierno y de la Asamblea han sido escasas y las pocas conquistas se han dado luego de largos procesos judiciales.

VICTOR HUGO CARREÑO

Con la colaboración de Gabriela Vivanco y Daniela Mejía

El incremento de la violencia en el país durante 2022 repercutió en el aumento de crímenes contra personas LGBTIQ+, principalmente contra quienes viven marginadas producto de discriminación y exclusión en la sociedad y la ausencia de políticas públicas.

La consolidación de las redes de delincuencia organizada, su asentamiento en territorios empobrecidos y las extorsiones a trabajadoras sexuales marcaron los actos de violencia contra las personas de la diversidad durante 2022.

La activista trans Jéssica Martínez fue asesinada en septiembre tras denunciar extorsiones de parte de grupos de delincuencia organizada. Su cuerpo fue encontrado con 11 disparos.

Jéssica era la vicepresidenta de la Asociación Trans Nueva Esperanza, que lucha por los  derechos de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en Ambato.

Como dirigente de esta organización, denunció que grupos delincuenciales exigían a las trabajadoras sexuales pagar cuotas mensuales por ocupar espacios en la vía pública. Ella se negó.

La exigencia de las llamadas “vacunas” a trabajadoras sexuales en todo el país ha sido denunciada por la Red Comunitaria Trans del Ecuador, que trabaja por los derechos de las mujeres trans desde las bases comunitarias.

Asimismo, se reportaron otros casos como el asesinato de Jossi Córdova, una mujer trans que recibió un disparo en su cabeza mientras dormía. Individuos encapuchados ingresaron al domicilio de la víctima y forzaron las seguridades.

Según el informe Runa Sipiy, de la Asociación Silueta X, en lo que va del año se registraron 25 asesinatos a personas LGBTIQ+. El año pasado se reportaron 15. La cifra de 2022 es la más alta desde 2010, de acuerdo a estadísticas que maneja la organización.

En otros casos de violencia reportados este año, la activista trans CoCa Rodríguez fue herida de bala en septiembre, luego de que ella y su equipo de trabajo fueran atacadxs por personas armadas.

La fundadora de la organización Pachaqueer fue intervenida quirúrgicamente y hospitalizada bajo un pronóstico reservado. Hace casi un mes fue dada de alta de una casa de salud en Quito. Aunque no está del todo recuperada, continúa en su proceso de sanación. 

En la masacre carcelaria de Latacunga en la que murió Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, el 3 de octubre, Mónica (nombre protegido), una mujer trans, recibió un disparo en uno de sus glúteos que causó que la silicona aplicada en esa parte de su cuerpo salga por la herida.

Pese a la gravedad de la herida, Mónica fue trasladada a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y pasó más de una semana sin atención médica.

Por su identidad de género, a Mónica le correspondía estar en el pabellón de mujeres, pero estaba en la cárcel de varones. Mónica recuperó su libertad con un hábeas corpus y hoy cumple prisión domiciliaria.

Espacios con discriminación y acoso 

A los casos de violencia se suman las denuncias de discriminación en el acceso a servicios de salud o en el lugar de trabajo. Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante, denunció actos de transfobia y xenofobia en abril pasado, durante una cita médica para su tratamiento hormonal en el Hospital Eugenio Espejo. La institución pidió disculpas en Twitter y anunció que tomaría medidas correctivas del caso. También recibió a Siri para que rinda su versión.

Sin embargo, según denuncia Siri, no recibió información del hospital sobre los avances de las investigaciones. Ahora recibe atención médica para sus tratamientos hormonales en otra institución.

En octubre, Eithan, un joven de 23 años, denunció que en una empresa camaronera un ex compañero lo agredió físicamente después de insultarlo por motivo de su orientación sexual. Pese a ser la víctima, la compañía lo obligó a firmar la renuncia, al igual que al agresor.

En los espacios públicos, las personas de la diversidad también estuvieron expuestas a discriminación y agresiones. En un plantón pacífico en Malecón 2000, en Guayaquil, que se desarrolló el 3 de diciembre, la Policía detuvo de manera arbitraria y desproporcionada a Sebastián, un activista trans, sin exponer los motivos.

No se conoció del paradero de Sebastián hasta el desarrollo de una audiencia en la que fue liberado. 

El plantón se desarrolló en rechazo de un acto de discriminación en Mercado del Río que el colectivo Haus of Locas denunció en redes sociales.

En el mismo plantón, un uniformado arrojó gas pimienta a la activista Diana Maldonado mientras esta se retiraba del lugar.

Avances por procesos judiciales

Durante 2022, los avances para garantizar derechos de las personas LGBTIQ+ han sido motivados por procesos judiciales o incidencia de las organizaciones. Mientras, las iniciativas desde el Gobierno o Asamblea han sido escasas.

En febrero, Denisse y María inscribieron a su hija Raphaella con doble filiación materna, después de una sentencia judicial dictada en diciembre de 2021 que obligó al Registro Civil a hacerlo.

La institución, durante dos años, negó la inscripción de la hija de la pareja porque esta no cumplía con uno de los requisitos para la inscripción de hijas o hijos de parejas del mismo sexo: un certificado del centro médico de reproducción asistida.

Denisse y María inscribieron a su hija después de dos años de negativas del Registro Civil. | ARCHIVO

Raphaella fue concebida bajo un método de inseminación artesanal (realizado con kits de inseminación casera).

El Registro Civil solicita aún este requisito pese a que la Corte Constitucional, en la sentencia del caso Satya en 2018, dispuso que los servidores encargados del registro de nacimiento no podrán alegar falta de ley para negar la inscripción de hijas o hijos de parejas del mismo sexo.

En mayo, la Corte Constitucional se pronunció sobre el incumplimiento, por parte de la Asamblea Nacional, de la sentencia del caso Bruno Paolo Calderón y resolvió que el Legislativo tenía que discutir y aprobar, de forma urgente, un proyecto de ley para regular el cambio del dato referente al sexo en las cédulas de ciudadanía de las personas transexuales hasta enero de 2023.

Actualmente, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles divide a las cédulas de identidad en dos grupos: para las personas cisgénero y una opcional para las personas trans en la que es posible sustituir el campo de sexo y hacer que, en su lugar, conste el de género.

Lo que ahora se busca es que haya una sola mención registral en todas las cédulas de identidad y abolir el actual sistema de doble cedulación que es considerado discriminatorio por la población transexual y el activismo LGBTIQ+. El proyecto pasó el primer debate en la Asamblea el 13 de diciembre —día que fue reanudado— y el Legislativo tiene plazo hasta enero para aprobar la ley.

Representantes de organizaciones LGBTIQ+ que presentaron a la Asamblea sus observaciones a la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles | CORTESÍA DE ASAMBLEA NACIONAL

Además, la Corte Constitucional, en la misma sentencia de mayo, ordenó que el Registro Civil atienda las solicitudes de todxs lxs usuarixs que quieran cambiar el dato de sexo (y no reemplazarlo por género como dispone la ley) en sus documentos de identificación.

En la Asamblea reposa, además, un proyecto de cupo laboral trans que presentó en marzo la plataforma Nueva Red Trans Ecuador. La propuesta plantea la incorporación al trabajo formal de las personas trans en el ámbito público y privado.

Para ello, propone una incentivo fiscal aplicable a las empresas del sector privado; y que el sector público incluya en su plantilla de trabajadores a un porcentaje de personas trans no inferior al 1%. La iniciativa debe ser analizada y debatida en la Asamblea, pero aún no inicia el proceso.

El Legislativo aprobó en febrero la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la cual reconocía a los cuerpos gestantes (corporalidades de la diversidad y personas con útero que no se identifican como mujeres), pero el veto del presidente Guillermo Lasso -que entró en vigencia por el ministerio de la ley- modificó la mayor parte del texto y eliminó el término de artículos relacionados al principio de confidencialidad o de las redes de apoyo y seguimiento a víctimas de violación.

Mientras el Gobierno marcó restricciones en esta ley, posteriormente aprobó iniciativas que -por el momento- no tienen avances concretos. La Subsecretaría de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos aprobó en julio el “Plan de Acción de Diversidades 2021-2030”, que contiene acciones para prevenir violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+.

En el plan constan acciones para articular políticas públicas con los ministerios, pero no es un documento vinculante ni menciona asignaciones presupuestarias.

Mientras, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) incluyó -por primera vez- en el censo de población y vivienda que inició en octubre y actualmente se encuentra en su etapa final, preguntas relacionadas a orientación sexual e identidad de género para levantar estadísticas de la situación de las personas LGBTIQ+ en el país.

Aunque es una iniciativa que permitirá, de acuerdo a los datos, construir políticas públicas para las diversidades sexo genéricas, también hubo críticas de organizaciones de la sociedad civil porque las preguntas excluyeron a menores de edad y personas intersexuales.

Víctor Hugo Carreño

Fundador y director editorial. Magíster en Periodismo, Diplomado en Comunicación, Género y Derechos Humanos, y becario del International Center for Journalists. Sentí culpa por ser gay y me encerré en el clóset casi hasta los 30 años. Hoy, con orgullo y aguantando aún señalamientos, defiendo y hago un periodismo que vigile el cumplimiento de derechos LGBTIQ+.