Mónica, herida en la masacre carcelaria de Latacunga, espera aún atención médica

En los enfrentamientos en la cárcel de Latacunga, Mónica recibió un disparo en uno de sus glúteos. Pese a que necesita una intervención quirúrgica, fue trasladada a Guayaquil sin consentimiento y no ha sido llevada a un hospital

VICTOR HUGO CARREÑO

El día de la masacre carcelaria en Latacunga, el pasado lunes 3 de octubre, Mónica (nombre protegido) fue una de las más de 40 personas heridas en medio de los enfrentamientos de bandas narcodelictivas en el centro penitenciario de esa ciudad.

Ella estaba en el pabellón donde ocurrió la matanza, un pabellón de varones, pese a que por su identidad de género le correspondía estar en la cárcel de mujeres.

En los ataques, que provocaron la muerte de Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, recibió un disparo en uno de sus glúteos, que causó que la silicona aplicada en esa parte de su cuerpo salga por la herida.

Ha pasado una semana. Mónica espera aún la atención médica que necesita en un sistema penitenciario que propicia violencia contra las mujeres trans y en medio de una cuestionada gestión estatal de la crisis carcelaria.

Mónica estaba en el pabellón de mediana seguridad en la cárcel de Latacunga y tras la matanza fue atendida de manera ambulatoria. Pese a que necesitaba una intervención quirúrgica por la gravedad de la herida, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Varones N.1 de Guayaquil —conocido como Penitenciaría del Litoral— junto a más de 100 personas.

El Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes (Snai) afirmó que los traslados a otras cárceles del país eran voluntarios, pero Mónica viajó la madrugada del pasado martes, por casi 7 horas, de Latacunga a Guayaquil, con dolores y molestias, y sin haber pasado por exámenes necesarios para determinar si la bala seguía o no en el cuerpo.

“Me dijeron que necesitaban operarme, y que vaya a donde un cirujano, y no me sacaron más (…) El biopolímero está que se me riega y yo ya no sé qué hacer”, señaló Mónica en un audio que difundió Fundación Dignidad en un hilo en su cuenta de Twitter el jueves 6 de octubre.

La silicona es una sustancia que muchas mujeres trans usan para aumentar el tamaño de mamas, piernas o glúteos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que puede causar estragos en la salud, pero su uso es una práctica común ante la falta de una política integral de salud para personas trans.

Fundación Dignidad, que lleva el caso de Mónica, ganó el pasado viernes 7 de octubre un hábeas corpus a favor de la víctima para que reciba atención médica fuera de la cárcel y sea operada, pero hasta ayer, domingo, no había sido trasladada a un hospital.

“Ella recién acaba de hablar conmigo. Ella está en transitoria y ha pedido que la dejen ahí porque la quieren cruzar a pabellón (…) Adentro (en la cárcel) no sabían que ella tenía audiencia (una nueva, el miércoles) y que tenía que ir al hospital”, dijo la hermana de Mónica en una nota de voz que envió el domingo al mediodía a Odalys Cayambe, directora de Red Comunitaria Trans del Ecuador

La activista que trabaja por los derechos de las personas trans privadas de libertad y en situación de vulnerabilidad ha mantenido contacto con la hermana de Mónica desde su traslado a Guayaquil.

Sin embargo, hoy, Cayambe no había podido comunicarse con la hermana de Mónica, pero estima que por los trámites administrativos (que tienden a extenderse pese a tener un hábeas corpus a favor) seguía en transitoria, a la cual llegan las personas detenidas antes de su ubicación a un pabellón definitivo de acuerdo a su sentencia.

“Las mujeres trans somos vulneradas, sin ninguna garantía de vida, dentro de las cárceles. Snai y la Secretaría de Derechos Humanos promueven inclusión, pero vemos cómo una mujer trans está siendo violentada desde todos los parámetros”, señaló Cayambe.

Mientras Mónica seguía hasta el domingo en el área de transitoria, dos días antes la Secretaría de Derechos Humanos publicó en Twitter que había sido trasladada a un pabellón de acuerdo a su identidad y, además, había activado el protocolo de atención médica.

Cayambe duda del protocolo que menciona la Secretaría de Derechos Humanos, pues en las cárceles solo se puede acceder a antinflamatorios y analgésicos.

Vianca Gavilanes, coordinadora de Gestión de Fundación Dignidad, indicó que las instituciones estatales no han realizado las gestiones correspondientes para garantizar la salud e integridad de Mónica.

Según Gavilanes, le corresponde recibir la atención médica que requiere y permanecer en un hospital hasta que se reinstale la audiencia, el próximo miércoles, para tratar la situación procesal de Mónica.

“Su sentencia es ilegal, arbitraria e ilegítima (…) Su sentencia no está ejecutoriada y, en consecuencia, el proceso sigue en fase de apelación. La ley dice que una persona debe tener su sentencia escrita luego de 10 días de la audiencia oral. Ella tuvo que esperar 11 meses para tener su sentencia escrita. Ya se había caducado su prisión preventiva. Eso no importó a nadie y continuó presa”, explicó Gavilanes.

Mónica está detenida desde el 23 de octubre de 2020, según información de Fundación Dignidad.

Por la pena que cumple, le correspondía estar en el nivel de mínima seguridad, de acuerdo al Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que establece parámetros para la distribución en las cárceles en niveles de mínima, media y máxima seguridad. Entre esos parámetros, están los años de sentencia.

El mismo reglamento también dispone que las personas trans serán ubicadas en los pabellones de acuerdo a su decisión personal y se dispondrá su ubicación considerando su integridad, pero asimismo la “seguridad del centro”.

“Si hablamos de un sistema de rehabilitación social, que promueve la diversidad, ¿qué hacía nuestra compañera en mediana seguridad cuando le correspondía estar en mínima seguridad, y bajo protocolo de atención prioritaria? Nada de eso se evidencia, nada se ha trabajado”, indicó Cayambe.

En los centros de detención existen pabellones de atención prioritaria, a los cuales son trasladadas personas en estado vulnerable. Cayambe señala que a este pabellón debió ser ubicada Mónica por su identidad de género y más aún si venía de la matanza de Imbabura.

Pero en el sistema carcelario, las identidades de las personas trans son violentadas desde que ingresan. Fue el caso de Helen Maldonado, quien fue ubicada en la Penitenciaría del Litoral. En la masacre carcelaria del 13 de noviembre del 2021, fue asesinada.

“Siempre nos van a etiquetar como ellos creen. Por mucho que nuestra identidad sea femenina, pasamos por un médico y determina quiénes somos por nuestros genitales. Y va a seguir siendo así”, explicó Cayambe.

Vianca Gavilanes, de Fundación Dignidad, comentó que es un problema que sucede en las cárceles, incluso si la persona modificó sus datos en la cédula de identidad. “Independiente del género en la cédula, una mujer trans va a ser ingresada al pabellón masculino”.

Ante esta situación, la Red Comunitaria Trans del Ecuador propone acciones, como la liberación de mujeres trans que estén en riesgos de salud y se encuentren en condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras, brindar servicios de salud integral a mujeres trans en cárceles y capacitar a los operadores penitenciarios sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

El asesinato de Helen y el padecimiento de Mónica son solo dos casos, pero la violencia contra las mujeres trans en las cárceles es diaria. Lugares donde desconocen su identidad y pisotean su integridad.

Víctor Hugo Carreño

Fundador y director editorial. Magíster en Periodismo, Diplomado en Comunicación, Género y Derechos Humanos, y becario del International Center for Journalists. Sentí culpa por ser gay y me encerré en el clóset casi hasta los 30 años. Hoy, con orgullo y aguantando aún señalamientos, defiendo y hago un periodismo que vigile el cumplimiento de derechos LGBTIQ+.