03 Feb Denisse y María, finalmente, inscribieron a Raphaella
Pese a que la pareja inició el proceso el mes pasado, recién hoy lograron el registro de su hija
VICTOR HUGO CARREÑO
Después de casi un mes desde que Denisse y María iniciaron el trámite para inscribir a su hija, Raphaella, con doble filiación materna tras un fallo judicial, recién hoy, 2 de febrero, pudieron hacerlo en el Registro Civil.
Las madres de Raphaella comenzaron un proceso de rectificación de datos registrales por sentencia el pasado 5 de enero, pues la menor fue registrada como hija de madre soltera en noviembre pasado ante las constantes negativas del organismo de inscribirla con el apellido de sus madres.
El día que iniciaron el trámite, funcionarios del Registro Civil ofrecieron emitir la nueva cédula de Raphaella en cinco días. Pero el procedimiento se dilató porque el organismo solicitó al tribunal que emitió la sentencia una aclaración del fallo.
El Registro Civil indicó por escrito a Edición Cientonce que pidió la aclaración porque la sentencia no consideró que existía una inscripción de nacimiento de Raphaella. Según la institución, hacer una nueva inscripción genera una duplicidad de inscripciones y, en consecuencia, nulidad de la última; por ello, indicó que correspondía una subscripción o nota marginal en el documento.
El pasado viernes 28 de enero, la sala respondió al Registro Civil que si bien hubo un registro de la menor como hija de su madre biológica, “esto no implica ni subsana el hecho de que desde que nació la niña haya habido la negativa de su inscripción de la progenitora con su cónyuge”.
Además, indicó que el cumplimiento de la sentencia debe ser en la medida que lo permite el ordenamiento jurídico, en este caso la marginación en el acta de inscripción.
Pese a la aclaración de la sentencia, las madres de Raphaella encontraron nuevas excusas. “Nos dijeron que ya estaba realizada la marginación, pero desde Quito debían enviar una aprobación para actualizar la base de datos y que estaba lista en dos días”, comenta Denisse.
Un trámite que regularmente toma unos 15 minutos, tomó casi dos horas. Se sumaron llamadas entre servidores y hasta otros pretextos como el número de caracteres en la cédula. Incluso, que no constaba un pago que las madres previamente habían realizado para la renovación de la cédula. Por ese servicio, el valor es de $ 16 y Denisse pagó nuevamente hoy.
“Nuevamente hubo discriminación. Si los jueces ya dieron una respuesta a la aclaración de la sentencia, el Registro Civil tenía que tener todo listo para el procedimiento”, indica Denisse.
Diana Maldonado, activista LGBTIQ+ que acompañó el proceso legal y quien también acudió hoy con las madres, amenazó con iniciar un proceso de destitución a los funcionarios implicados si la cédula no se entregaba hoy. “Con esto, se apresuraron en emitir el documento”.
Aunque la activista aplaude la conquista, aclara que la cédula de Raphaella fue emitida bajo parámetros desiguales. “No se otorgó una cédula en igualdad y equidad. Si han tenido que venir dos o tres veces porque siempre pasa algo, mientras que una pareja heterosexual apenas le toma 15 minutos, no es igualdad ante la ley y el Registro Civil estaba haciendo todo lo posible para que esa inequidad subsista”.
Maldonado, en Twitter, criticó a la Secretaría de Derechos Humanos porque conocía el caso y no gestionó un trabajo articulado. La Cartera de Estado respondió que la institución se encuentra vigilante de estos procesos y que en una mesa técnica confirmó que la cédula se había emitido, pero la activista dijo que la mesa técnica fue a mediados del año pasado.
Desde 2018, con la sentencia del caso Satya, el Registro Civil no puede alegar falta de ley para la inscripción de hijas o hijos de parejas del mismo sexo, pero entre los requisitos para el procedimiento solicita un certificado del centro médico de reproducción asistida en caso de parejas de mujeres.
Sin embargo, algunas parejas -como Denisse y María, conciben hijos con un procedimiento artesanal casero. El fallo que obligó al Registro Civil a inscribir a Raphaella también menciona esta situación y señala que por sus elevados costos es “un privilegio de pocos” y lo convierte “en una categoría sospechosa de discriminación”.
