14 Nov El pleno reconocimiento de la identidad trans, una lucha aún sin final
La actual legislación permite a las personas trans modificar el campo de sexo por género, pero creó una doble cedulación que el activismo LGBTIQ+ considera discriminatoria.
La Corte Constitucional dispuso a la Asamblea adoptar reformas para regular un sistema que reconozca, en igualdad de condiciones, a todas las identidades, pero ha incumplido.
Tras un segundo llamado de atención en mayo, finalmente el Legislativo dio paso a una propuesta para modificar la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. El Parlamento tiene plazo hasta enero.
DANIELA MEJÍA ALARCÓN
Es una historia de postergaciones. Por ende, una de resignaciones. Y de paciencia. Mucha paciencia ha tenido la población trans ecuatoriana, que nunca imaginó que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que se aprobó a fines de 2015 para reemplazar a la Ley General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de 1976, en lugar de reivindicar sus derechos a la identidad y ciudadanía terminaría violentándolos. Tampoco que el periplo que se emprendería para reformarla se extendería por seis años ni que tendrían que sucederse dos sentencias constitucionales para estar finalmente de cara a los cambios.
La norma, vigente desde enero de 2016, entró oficialmente a un proceso de reformas luego de que en mayo pasado la Corte Constitucional (CC) le hiciera un «severo llamado de atención» a la Asamblea Nacional por no haber adoptado su resolución de mayo de 2017, cuando por primera vez le ordenó regular el procedimiento de cambio de sexo de las personas transexuales.
Pero el Legislativo no lo hizo. Ni siquiera porque entre septiembre de ese año y enero de 2019 fueron presentados tres proyectos reformatorios para modificar dicha ley, que en su artículo 94 dividió a las cédulas de identidad en dos grupos.
Por un lado está la cédula para las personas cisgénero (cuya identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer) en la que se reconoce el sexo. Y por otro, una cédula opcional para las personas trans (que se autoperciben con una identidad diferente a la asociada con el sexo de nacimiento), en la que es posible sustituir ese campo y hacer que en su lugar conste el de género, siempre y cuando se cuente con dos testigos “que acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante y por al menos dos años”.
A eso responde a que en ese articulado se concentre la lucha que, en el contexto actual, están volviendo a dar las organizaciones y colectivos LGBTIQ+ que, en 2012, aglutinados en el desaparecido Pacto Trans, impulsaron la campaña Mi género en mi cédula.
Ahora, aunque desde distintos frentes y posturas, lxs activistas que lideraron esa iniciativa buscan un objetivo común: hacer que haya una sola mención registral en todas las cédulas de identidad al abolir el sistema de doble cedulación.
«Estamos en un Estado que permite dos tipos de cédulas, que a la suma determina que es para dos tipos de personas distintas (…). Es decir, sí, estoy aceptando que la población trans tiene derechos, sin embargo considero que ellos deberían tener otro tipo de cédula», interpreta Abraham Aguirre, del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH).
Y añade en su explicación que fue ante ello que la Corte Constitucional se pronunció, remitiéndose al artículo 11 de la Constitución, que estipula que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, ni por su sexo, identidad de género u orientación sexual.
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Por un lado están quienes plantean que en la cédula figure la categoría sexo (H, hombre; M, mujer; y X para personas no binarias e intersex). Por otra parte, quienes insisten en que sea la categoría género (M, masculino; F, femenino y NB, no binario) la que aparezca en este documento personal y que la de sexo pueda modificarse en las partidas de nacimiento por vía administrativa, algo que la ley actual solo permite mediante sentencia judicial.
“En la primera campaña buscábamos el género en la cédula, pero eso se logró de forma incompleta, ya que se estableció el régimen de doble cedulación en el que solo las personas trans podemos optar por el género. Esto nos sigue posicionando como ciudadanos de segunda categoría y nos pone en una situación de vulnerabilidad porque se nota que nuestra cédula es distinta a la del resto”, sostuvo Gabriel de Prada, de la Fraternidad Transmasculina Ecuador, en las comparecencias previas al primer debate del denominado Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que la actual Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad habilitó a fines de agosto pasado.
Y dejó en claro: “Pese a esto, no buscamos el cambio de género, sino que el género sea universal”. Por su parte, la ex asambleísta y presidenta de la Asociación Silueta X, Diane Rodríguez, señala que si bien esta sería para ella la opción ideal, no cree que sea la que el Pleno de la Asamblea se incline a aprobar. “Cuando se vaya a debatir lo van a negar porque estos asambleístas no tienen el conocimiento básico de la diferencia entre género y sexo, por lo que seguramente, si se plantea algo así, han de pensar que queremos homosexualizar o transexualizar a todos los ecuatorianos en la cédula”, apunta.
Llevando como capa la bandera trans, Rodríguez intervino en el primer debate del proyecto de reformas, donde calificó como una especie de apartheid la doble cedulación vigente y expuso por qué ella y los colectivos que integran la Plataforma Nacional Trans -de la que es representante- persiguen que sexo sea la categoría que vaya en todas las cédulas.
«Entendiendo que dentro del país las dinámicas, tanto políticas como sociales, reconocen a la categoría sexo como una categoría social y no como una categoría primaria como la reconoce la academia, lamentablemente las poblaciones trans tenemos que ajustarnos a esas dinámicas y, por ello, en concordancia con lo que manifiesta la Corte Constitucional, buscamos que la sentencia impulsada en el 2017 sea reconocida en la nueva ley del Registro Civil», expuso en su discurso.
La sentencia a la que se refiere es la del caso de Bruno Paolo Calderón, un hombre transexual que buscaba que el Registro Civil modifique el campo de sexo en su cédula de femenino a masculino. La CC falló a su favor y, además, ordenó a la Asamblea que, en el plazo de un año, implementara reformas para que la población trans pudiera modificar ese casillero en sus documentos de identidad.
Esto, sin embargo, no hizo que el Registro Civil dejara de aplicar la doble cedulación, recuerda Aguirre. El Legislativo, por su parte, no cumplió con aprobar las reformas. De ahí que en 2018 la Asociación Alfil presentó una acción de incumplimiento que devino en una sentencia de seguimiento de la Corte Constitucional, en la cual hace “un severo llamado de atención” a la Asamblea por no haber tramitado las reformas y pide nuevamente su trámite para que sean aprobadas en máximo 8 meses.
Es a partir de esta nueva sentencia, es decir, cinco años después de la primera, que la actual Comisión de Garantías Constitucionales empezó a trabajar las modificaciones fusionando los tres proyectos que, pese a haber sido calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y notificados al anterior periodo de la Comisión, nunca recibieron tratamiento parlamentario.
Rashell Erazo, quien preside la Asociación Alfil, si bien consideró esta ratificación como “una buena noticia”, la tomó “con tranquilidad”: “Es un paso, nada más, un paso para poder pelear por nuestro reconocimiento porque seguimos siendo personas invisibles para el Estado”, asevera.
Y añade que desde su trinchera se encuentran “en un proceso de monitoreo, intervención e incidencia”. “Es muy importante que salga un cuerpo legal lo más actualizado a la realidad de las personas trans y esto incluye a las personas no binarias porque ellas podrían quedar por fuera de todas las acciones que defina, por un lado, la ley; y por otro lado, el Registro Civil en este momento”.
Con esta última mención al Registro Civil, Erazo se refiere a la disposición que la institución recién tomó el 6 de septiembre pasado, cuatro meses después de que la Corte Constitucional, -en la misma sentencia de seguimiento-, le exigiera atender de forma inmediata y sin dilaciones las solicitudes de todas las personas trans que quieran modificar su sexo en sus cédulas de identidad.
Dos días antes de que este organismo acatara la medida, Diario El Comercio publicó la historia de Isabela (nombre protegido), quien desde que retornó al país en enero, tras una cirugía de reasignación genital en Chile, había estado solicitando que el campo de sexo de su cédula pasara de masculino a femenino.
Isabela, de 41 años, nunca quiso acceder al cambio de sexo por género que se estableció en la actual ley. “Mi género es femenino y no tiene que estar en mi cédula. Si en la cédula dice sexo, entonces tiene que estar mi sexo y mi sexo es femenino”, asevera.
Ella cuenta que al día siguiente de la publicación de prensa, el lunes 5 de septiembre, el Registro Civil procuró un acercamiento a través de la periodista que hizo la nota, lo que dio como resultado una reunión virtual ese mismo día, en la que estuvo presente su abogado, Abraham Aguirre, ya que el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) llevó su caso.
“Me contactó la coordinadora nacional del área jurídica, le expliqué mi situación y me dijo que en la tarde tuviéramos una reunión con mi abogado. Ahí nos supo decir que iban a atender mi caso porque la Corte Constitucional, en mayo, había enviado su ratificación y me dijo que vaya el día jueves, que ella dejaba todo arreglado. Y así fue. El jueves 8 de septiembre, en la mañana, me actualizaron la partida de nacimiento y ya en la tarde me dieron mi cédula”, relata Isabela, feliz.
Así se convirtió en la primera persona que pudo registrar legalmente su cambio de sexo a raíz de lo dispuesto este año por la Corte Constitucional. Antes, hubo otros casos, pero por vía judicial.
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Elizabeth Vázquez es abogada y una de las fundadoras de Proyecto Transgénero, la primera organización transfeminista del país, que en mayo pasado cumplió 20 años. Es también la mentalizadora de la campaña Mi género en mi cédula que, dado el revés que supuso la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, pasó a llamarse Género para Todes.
“Tras la ley que terminó saliendo en 2016 inicia la fase Género para Todes, en la que evaluamos lo que había pasado: un mal uso de la categoría género, una categoría súper vanguardista, pero que al dársela solo a las personas trans se volvió discriminatoria. Entonces, cuando no es la categoría la discriminatoria, sino su uso, lo que jurídicamente tienes que corregir es ese mal uso. Lo que tienes que abolir es la cédula especial, no el género. Ese es el momento actual», cuenta.
Y en este sentido, explica por qué debe ser así: “Para un 99% de las personas es bastante más inclusiva la categoría género que la categoría sexo que, pensada en una ley de los años 30, cuando no se hacía la distinción entre sexo y género, no da cuenta de lo que las personas hemos hecho con nuestras presentaciones estéticas y cuerpos, cómo expresamos feminidad, masculinidad u otras cosas (…) y hemos visto que lo que mostramos en la vida civil es el género y no el sexo (…), que no debería estar regulado por el derecho civil, sino pertenecer a la protección de la intimidad o de la privacidad».
De ahí que Gabriel de Prada recalque que desde la alianza Género para Todes no están buscando «que se quite el sexo en sí, sino que el sexo se mantenga como un dato privado y que el género sea el dato público”.
Para lo primero plantean que al cumplir la mayoría de edad, y por una sola vez, se pueda cambiar el sexo masculino por femenino, o viceversa, en la partida de nacimiento cuando se trate de una persona intersexual o transexual viviendo en el sexo opuesto a aquel con el que se registró al nacer.
Mientras que para lo segundo proponen que al emitirse la primera cédula de identidad de una persona, en ésta se coloque el género masculino (M) o femenino (F) de acuerdo al sexo que le fue asignado al nacer, pero que voluntariamente, al cumplir 16 años, por una sola vez, la persona pueda sustituir ese género adjudicado por el género de su autodeterminación: masculino (M), femenino (F) o no binario (NB).
Con estos cambios este último grupo, así como la población intersex, sostiene De Prada, tendrán la oportunidad de validar su existencia si el género se hace ley. Desde la campaña Sexo en la cédula también están impulsando la inclusión de las personas no binarias e intersex mediante la mención registral X, que desde abril pasado se aplica en Argentina para el género no binario y como ocurrió a mediados de octubre por primera vez en Chile, tras un fallo de la Corte Suprema.
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Los aportes del activismo trans están ya sobre la mesa y los asambleístas tienen hasta enero próximo para legislar la nueva norma. No obstante, el destino de la ley reformatoria permanece en un estadío límbico: hasta el momento se desconoce la fecha de la reanudación del primer debate, que fue suspendido la noche del 25 de agosto.
Con insistencia Edición Cientonce solicitó precisiones y una entrevista al asambleísta Fernando Cabascango, quien preside la Comisión a cargo del proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no había sido concedida.
En tanto, Diane Rodríguez cree que lo más probable es que se legisle una propuesta con base en la sentencia de la Corte. Por ese motivo es que desde su plataforma decidieron ajustar su incidencia a esos términos, aunque vean al género como la mejor opción.
Rashell Erazo también piensa que el género debería ser el dato que “pase a ser la legalidad del reconocimiento de la ciudadanía de todas las personas”, pero entiende que en este tipo de demandas, así como ocurrió antes, toca hacer concesiones.
“En un país como Ecuador, donde todavía la mayoría de la población tiene una posición intransigente e ignorante sobre la realidad de las diversidades sexogenéricas, hay que ser estratégicos. Lamentablemente, debemos apegarnos a las negociaciones porque como activistas incidimos, presionamos, pero la decisión la tienen personas que, en su gran mayoría, necesitan ser educadas y sensibilizadas sobre esta situación. Entonces, la estrategia no es pelear, sino lamentablemente negociar derechos y tratar de pugnar por el máximo equilibrio, aunque al final no se pueda conseguir todo aquello (que deseamos)”. comenta.
Y en este sentido, en el de conseguir lo que anhelan, Elizabeth Vásquez dice no estar particularmente entusiasta, pero sí feliz por todo lo que, para bien o para mal, desde el activismo se ha logrado para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. “Ahora hay Estados como Brasil que tienen género (en la cédula), ahora mucha gente está en esto, en propuestas que no son binarias ni basadas en el sexo. Qué tristeza me daría que habiendo sido nosotros una vanguardia regional, ahora quizás quitemos el género”.
Sin embargo, piensa que hay que seguir batallando. «Estamos generando el debate legislativo y eso es lo importante (…). A lo mejor no sale, así como no salió en el 2016 tal y como queríamos, pero eso no es motivo para no seguir luchando», concluye.
