30 Nov Despenalización de la homosexualidad: las estrategias legales para un fallo a favor

Las organizaciones que participaron en el proceso debatieron los mecanismos para derogar la disposición legal que penalizaba a las personas LGBTIQ+ y optaron por una demanda de inconstitucionalidad.

Después de presentarla, iniciaron acercamientos con los vocales del Tribunal Constitucional para exponer los casos de violencia y vulneración de derechos.

VICTOR HUGO CARREÑO

La lucha por la despenalización de la homosexualidad estuvo en las calles, plazas y también en las estrategias jurídicas para lograr una resolución que eliminara una infame disposición legal que fue abono para la represión y vejaciones contra las personas LGBTIQ+.

La redacción de borradores para llegar a la demanda de inconstitucionalidad que finalmente se presentó ante el Tribunal Constitucional, y los acercamientos con los vocales del extinto organismo para exponer los motivos por los que Ecuador debía despenalizar la homosexualidad, fueron parte de un proceso que aglutinó a organizaciones de la sociedad civil.

La redada policial en el Bar Abanicos, en Cuenca, en junio de 1997, propició a que la lucha por la despenalización de la homosexualidad tome más fuerza, pero desde antes de este episodio los diálogos entre activistas incluían discusiones de cómo eliminar el artículo 516 del Código Penal que establecía prisión de 4 a 8 años en casos de “homosexualismo”.

En Fedaeps (Fundación de Acción y Ayuda para Prevención del Sida), una organización que surgió para la lucha contra la enfermedad provocada por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), se incorporó un área legal llamada Alerta Homofobia para, entre otros temas, analizar los mecanismos para despenalizar la homosexualidad en Ecuador.

Fedaeps inició sus actividades con el nombre de SOGA en los años 80, época en la que -por desinformación y prejuicios- el VIH estaba asociado exclusivamente a homosexuales, mujeres trans y travestis.

En 1996, Cristian Polo, un abogado machaleño que había llegado a Quito después de estudiar un doctorado en Jurisprudencia en Cuenca, se suma a Fedaeps para encontrar una salida legal que permita la despenalización.

Su incorporación a Fedaeps fue un efecto de la discriminación laboral en el sector privado. Cuando Polo llegó a Quito, empezó a trabajar en instituciones bancarias. En una de ellas, lo despidieron por ser homosexual. “Quien era mi jefe me dio a entender muy bien que esa era la razón”, comenta Polo, en una videollamada desde Denver, Estados Unidos, donde hoy vive y se dedica a la docencia.

“Por amigos llegué a Fedaeps y conocí a Orlando Montoya, y a través de él comencé a tener más noción de la historia del movimiento LGBT. Hasta ese entonces, toda mi vida pasé estudiando y no me involucraba en este tipo de luchas (…) Orlando me ofrece trabajar en Alerta Homofobia para ver las formas de despenalizar la homosexualidad”, indica.

Orlando Montoya (+), uno de los precursores de la despenalización de la homosexualidad, presidía en ese entonces Fedaeps, que en 1994, junto a otras organizaciones, envía una carta a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que detallan las vulneraciones a las personas LGBTIQ+.

La mencionada comisión se pronunció y emitió observaciones a las autoridades ecuatorianas, pero fueron ignoradas.

En Las Maricas No Olvidamos, una plataforma digital que recoge memorias de la despenalización de la homosexualidad, se detalla que Montoya gestionaba la libertad de mujeres trans que eran detenidas ilegalmente por la Policía.

Las detenciones arbitrarias eran el inicio de más abusos. Lxs sobrevivientes a los atropellos de la Policía han denunciado torturas, extorsiones y violaciones sexuales. Y después de 25 años, aún no han recibido justicia ni reparación de parte del Estado.

Desde Alerta Homofobia, Polo baraja una primera opción: acudir al Congreso (lo que hoy conocemos como Asamblea) para reformar el Código Penal y así eliminar a la homosexualidad como un delito.

Sin embargo, admite Polo, era una vía que representaba muchas dificultades. “Se necesitaba tener una mayoría y no se veía como algo posible. El trabajo iba a tomar mucho tiempo para poder concientizar a todos los miembros del Congreso”.

Ese año, el Congreso estaba conformado por 82 diputados. Para lograr una mayoría, era necesario que 42 legisladores voten a favor de una reforma a la legislación.

Alianzas, borradores y ‘lobby’

Con esa opción en la mesa, llegó otra: una demanda de inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal, el que sancionaba con cárcel a la homosexualidad.

La propuesta provino de Coccinelle y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). Coccinelle agrupaba a mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual en Quito y eran, a la vez, las principales víctimas de las detenciones y torturas.

En el libro Los fantasmas se cabrearon, su autora Purita Pelayo relata que Cocinelle nació “para defender los derechos de las minorías sexuales de Ecuador”.

Cocinelle fue la primera organización legalmente reconocida en el país. En 1997. Pelayo la presidió en sus inicios.

“A punta de plantones y marchas, Cocinelle se convirtió en un actor político importante. Sus acciones se llegaron a considerar de relevancia nacional y ayudaron a que la sociedad nos viera desde otras perspectivas y se comiencen a respetar nuestras demandas”, escribe Pelayo en su libro.

La activista trans eternizó en Los fantasmas se cabrearon las vejaciones que sufrían: allanamiento de viviendas de forma ilegal, policías que incursionaban en discotecas o bares con la excusa de cuidar “la moral y las buenas costumbres”, y las detenciones arbitrarias a mujeres trans y homosexuales que caminaban en las calles.

El planteamiento de Coccinelle y APDH se dio en la primera reunión que mantuvieron varias organizaciones después de los hechos en el bar Abanicos, en Cuenca. Para entonces, integrantes de Fedaeps y hombres gais que fueron víctimas de las vejaciones de la Policía conformaron Triángulo Andino para dedicarse exclusivamente a la lucha por la despenalización de la homosexualidad.

Pelayo, en su libro, señala que el Tribunal Constitucional era “el organismo eficaz y competente para procesar una reforma que viabilizara la despenalización de la homosexualidad”.

Polo recuerda que Coccinelle también sugirió que sea Ernesto López, ex presidente del Tribunal Constitucional, que patrocine la demanda de inconstitucionalidad.

Con López se definió la demanda que se presentaría al Tribunal Constitucional. Polo redactó en tres ocasiones el texto, pues en dos encuentros hubo sugerencias y observaciones del abogado patrocinador.

“Nos vimos una tercera vez y con la venia de él se firmó la demanda”, comenta Polo. La firmaron Triángulo Andino, Cocinelli, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APOH, Servicio Paz y Justicia y SERPAJ.

El 24 de septiembre de 1997, después de un proceso de recolección de firmas, las organizaciones presentaron la demanda ante el extinto Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional).

Desde ese día, Triángulo Andino y Tolerencia iniciaron acercamientos y reuniones con los integrantes del organismo para explicar los motivos por los que tenía que aceptar la demanda.

“Una vez presentada la demanda hasta el día anterior a la promulgación del dictamen, hicimos una campaña de lobby y todos los días íbamos al Tribunal Constitucional a ver si podíamos tener acceso a los integrantes. Había días que podíamos hacerlo, y otros no”, comenta Polo.

En casi dos meses, lograron reunirse con 7 de los 9 vocales de la institución. En estos encuentros, los representantes de Triángulo Andino y Tolerancia presentaban a los vocales las historias de atropellos de parte de la Policía, argumentaban por qué los “derechos sexuales” (como consta en la demanda) son también derechos humanos y fundamentales, y presentaban otros insumos como declaraciones de la Asociación Siquiátrica Americana y la Organización Mundial de la Salud, que habían eliminado a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales.

Una resolución con prejuicios

El 25 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal Constitucional aceptó de manera parcial la demanda, pero el fallo estuvo cargado de prejuicios.

En la sentencia, el organismo señala que la homosexualidad es “una disfunción” que debe ser objeto de tratamiento médico y no sancionada en el Código Penal; que “la protección de la familia y de los menores, exige que no sea una conducta socialmente exaltable”; o si bien reconoce que “los homosexuales son ante todo titulares de todos los derechos” apela a que “la exteriorización de su conducta no lesionen los derechos de otros”.

Con estos argumentos, el organismo resolvió declarar la inconstitucionalidad del inciso primero del articulo 516 que sancionaba la homosexualidad con 4 a 8 años de prisión.

“Al menos se había logrado la derogación del inciso que nos penalizaba como criminales. Explicamos a los miembros del Tribunal Constitucional las razones por las cuales la homosexualidad no es una enfermedad, pero aún así no lo consideraron. Sin embargo, lo vimos como un gran paso y el trabajo recién comenzaba”, explica Apolo.

Montoya, quien también formó parte de Triángulo Andino, dijo en una entrevista en 2018, en el blog Puerta Abierta, que “muchas personas (de las agrupaciones que lucharon por la despenalización) no estaban felices (por la resolución), pero no importaba el medio sino el fin (…) Al final del día, no íbamos a reiniciar la pelea”.

La sentencia, aunque prejuiciosa, abrió el camino para otros logros. La Asamblea Nacional Constituyente, que redactó una nueva Constitución entre 1997 y 1998, incorporó a la orientación sexual como principio para la igualdad ante la ley.

El planteamiento surgió de Triángulo Andino. Polo recuerda que viajaba en bus hasta Sangolquí, donde la Asamblea sesionó por casi cinco meses, para defender la propuesta.

Después de su trabajo en Triángulo Andino y Fedaeps, Polo abandonó el paísy y fue a Estados Unidos. Casi después de un año de la despenalización de la homosexualidad.

“El trabajo fue muy desgastante, y aparte recibía llamadas todos los días con amenazas de muerte, llamadas que incluso llegaban después de la despenalización de la homosexualidad. Afuera de mi casa habían carros sin placas (…) No quieres seguir viviendo así”.

En el sitio Las maricas no olvidamos, Montoya también menciona las amenazas que recibían durante el proceso para despenalizar la homosexualidad. “Pero no detuvimos esta lucha porque estábamos convencidos de nuestra postura”.