27 Nov 25 años después: víctimas de violencia, olvidadas y sin justicia

Las mujeres trans que participaron en el proceso de despenalización de la homosexualidad siguen, prácticamente, relegadas. Viven en la precarización y los delitos contra ellas están en la impunidad. 

POR: RUNA SANABRIA P.

ILUSTRACIÓN: DIANA ROMERO

Fernanda es una mujer trans de Chone. Desde los siete años, sintió discriminación y rechazo por parte de su familia. A los doce años comenzó a usar prendas femeninas y su padre, como castigo, la retiró del colegio y la recluyó en su casa. Ni siquiera podía acercarse a la ventana. 

Después de tres intentos de fuga, su hermana la llevó a Quito en 1991. Aunque dejó un hogar que la violentaba, llegó a una ciudad donde fue víctima de vejaciones en la época en que ser una persona de la diversidad sexo genérica era un delito.

Actualmente, la violencia y reclusión forzada transitan de nuevo en su vida. Ella y su familia se vieron obligadxs a dejar su casa en la provincia de Manabí por problemas con grupos criminales organizados que extorsionan a ciudadanxs y comerciantes en distintas provincias del país. 

Fernanda fue una de las mujeres trans agrupadas en Coccinelle que participaron en el proceso de despenalización de la homosexualidad. Junto a otras organizaciones, lograron llevar el caso al Tribunal Constitucional (lo que hoy conocemos como Corte Constitucional) y que el organismo derogue la disposición legal que lxs condenaba.

Su vida, al igual que la de muchas personas trans, ha sido atravesada por distintas persecuciones y violencias. Este reportaje cuenta las historias de Fernanda y otras compañeras trans que sobrevivieron en en los años noventa a la penalización de la homosexualidad y cómo han cambiado (o no) sus vidas.

Hoy, 27 de noviembre del 2022, se conmemoran 25 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Hasta noviembre de 1997, la homosexualidad (y con ello la existencia de las personas trans) estaba penalizada con 4 a 8 años de prisión.

Fernanda llegó a los 13 años a la Capital del Ecuador. Fuera de su ciudad natal, con la ayuda de otras personas maricas, consiguió empleos e inició su transición.

“Ya desde el primer trabajo estaba hormonizándome, por eso tuve que renunciar. Porque ya se me veían las tetitas, ya tenía el cabello largo y me llamaban la atención”. Fernanda se inscribió en una academia de belleza en el barrio San Blas poco después de llegar a Quito en los noventa. Y fue cuando comenzó a sentir la represión policial. 

“Ahí comenzó el problemita con los policías, varias veces me detuvieron y querían dinero. Yo tenía que llevarlos a la casa y mi hermana les daba dinero y me soltaban. En mi caminar desde La Marín (sector donde estaba ubicado su trabajo) y San Blas (donde quedaba su instituto) me cogían presa. Y subir de La Marín a La Victoria, a mi casa, era sortear la Policía y la mayoría de veces era detenida, pero no me llevaban al CDP (centro de detención provisional) porque les decía que mi hermana tiene plata. Y mi hermana, pues, pobrecita, tenía que apartar de su sueldo siempre. Yo tuve que retirarme, no pude terminar mis estudios porque pasaba más detenida que otras cosas”.

Para aquellos años, en Ecuador, la palabra homosexualismo (como constaba en el Código Penal) englobaba a toda práctica no heterosexual y existencia no cis género. Las personas más visibles, y por lo mismo más vulneradas, eran las mujeres trans, quienes por su identidad de género perdían acceso a educación, salud y empleo. Además, eran perseguidas y violentadas por los escuadrones policiales.

Madoleyn es una mujer trans de la provincia de El Oro y se mudó a Quito en 1997. Existía un imaginario de que las personas trans tenían mejores condiciones de vida en las ciudades grandes. Y a los 17 años decidió viajar a la capital.

“Fui a Quito a las ciegas, pensando que era la mejor opción. Yo estaba en etapa de transición. Me imaginé que era algo muy hermoso, pero lamentablemente no fue así. Fueron momentos muy duros, yo tenía 17 años, estaba fuera de casa por primera vez. Conocí a más chicas trans, ya que por la condición de género no podía encontrar un trabajo digno. Ser homosexual era muy mal visto, era muy penado. Entonces, me tocó llegar a las calles a ser trabajadora sexual. Pero no fue un trabajo tan fácil porque ni al mes visité el CDP”.

Las mujeres trans pertenecientes a provincias pequeñas apostaban por mejores condiciones de vida al migrar internamente en Ecuador. Algunas, como Fernanda, buscaban oportunidades laborales y educativas a los que por distintos motivos no podían acceder, pero se acercaron al trabajo sexual por la exclusión sistemática a la que eran expuestas. 

Fernanda cuenta que en su caminar en las calles de Quito siempre se encontraba hombres que le ofrecían dinero. “Pero yo siempre los rechazaba hasta que una oportunidad estuve enferma y me faltaba un día para cobrar mi mensualidad.” El trabajo sexual ofrece, según las entrevistas que he realizado a personas trans de la ciudad, mejores condiciones económicas que otros trabajos.

Las historias de Fernanda y Madoleyn tienen en común migración y precarización; sin embargo, algunos pequeños detalles podían significar privilegios que las diferenciaban; por ejemplo, Madoleyn no tenía familiares quienes pudieran sobornar a los policías para que no se la llevaran detenida, lo que ocasionaba que pase largos períodos en la cárcel.

“Fui atrapada por la policía”, cuenta Madoleyn. “Había el Escuadrón Látigo, el Escuadrón La Muerte, que incluso nos torturaban, nos botaban a la laguna a medianoche, nos introducían el tolete analmente”.

Estas historias de persecución se vivieron con mayor intensidad en los años 80 y 90. Las vidas de las personas trans estaban recluidas a la criminalidad.

“En la cárcel casi duré dos meses con nombres ficticios porque no eran los míos. No tenía facilidades para salir, debíamos esperar el hábeas corpus. Desde ahí comencé entre la calle y la cárcel, un día en la calle y otro en la cárcel, porque no teníamos la misma libertad que ahora tenemos”, cuenta Madoleyn.

Fernanda, por su parte, recuerda que era posible ver a 20 chicas trans en una celda de 2×2 metros en una sola noche, de las tantas en las cuales los policías recorrían Quito para detenerlas.

La lucha por la despenalización de la homosexualidad en Ecuador surgió en reclamo de la criminalización y abuso por parte del Estado contra personas travestis y trans, principalmente.

Las organizaciones que aglutinaban mujeres trans y homosexuales unieron fuerzas para presentar una demanda de incostitucionalidad del artículo del Código Penal que sancionaba la homosexualidad. Y en solo dos meses lo lograron la sentencia definitiva.

Las personas trans y marikas no seríamos criminales nunca más. Pero tras 25 años, las mujeres trans que en los años 90 pusieron el cuerpo para despenalizar la homosexualidad, siguen desplazadas, y las torturas y persecuciones contra ellas han quedado en la impunidad. Algunas, incluso, han muerto sin recibir justicia ni reparación del Estado.

En el 2022 falleció Ana Carolina Alvarado, líderesa de la ciudad de Quito y ex integrante de Coccinelle. En 2020, murieron María Jacinta Almeida y Patricio Coellar, cariñosamente conocida como Pachi. La primera, así como Ana Carolina, también integró Coccinelle. Pachi, en cambio, fue una de las personas que sufrió vejaciones en una detención masiva en el bar Abanicos. Este hecho impulsó que las organizaciones se unan para lograr la despenalización de la homosexualidad.

En 2019, la colectiva Nueva Coccinelli, conformada por mujeres trans sobrevivientes de la penalización de la homosexualidad, demandó al Estado por crímenes de lesa humanidad con apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Sin embargo, la demanda sigue en proceso de investigación. 

Malony Chávez, de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans de Quito y quien también integró la organización Coccinelle, relata que “para mí salir como travesti, hace 24, años atrás fue súper denso. Yo salí un año después de que ya estaba despenalizada la homosexualidad. Todavía no se hacían respetar las leyes ni el Código Penal”.

Mientras que Malony y otras mujeres resistían a los rezagos de la criminalización histórica en el país, para algunas mujeres el proceso de despenalización significó aún más persecución.

Fernanda cuenta que “una semana me cogieron todos los días. Y cada cogida era paliza (…) Debo decirte que para mí fue duro porque yo fui una de las que salió en los periódicos y en la televisión. Eso era en la mañana o en la tarde. Y en las noches teníamos que ir a trabajar y ya estaban esperando la Policía. Yo estaba con la misma ropa. Una vez me reconocieron. Me dijeron ‘tú eres el maricón que anda hablando, yo te vi en la noticia’”.

Ella relata que ese día les lanzaron agua toda la noche y les apagaron cigarrillos en el cuerpo. Llegó a recibir amenazas de muerte y tenía miedo de ir a trabajar. El 7 de diciembre de 1997 decidió huir del Ecuador como algunas otras trabajadoras sexuales que fueron amenazadas. “El proceso de despenalización nos costó mucho. Nosotras dimos la cara, dimos el cuerpo”.

Fernanda ganaba 40 mil sucres mensuales en el restaurante donde trabajaba y su primer cliente como trabajadora sexual le había ofrecido 80.000 sucres por una noche. Para salir de Ecuador, uno de sus clientes más importantes le dio 500.000 sucres para que busque refugio en Colombia. Y pese a conseguir el dinero para salir del país, las condiciones de movilidad para las personas trans también eran complicadas.

Madoleyn dice que “tenía que verme como chico para salir a un aeropuerto”. Sin embargo, cansada de la “prisión por actos inmorales”, hizo todo lo necesario para migrar a Europa. 

En el caso de Fernanda, ella continuó su viaje y llegó a Italia. “Muchas tuvimos que irnos”, cuenta. Con el pasar de los años de trabajo, dice que “no me acostumbré a Europa, al frío, a la discriminación. No por ser trans, por ser extranjera”. Todas las entrevistadas para el reportaje coinciden en que el trabajo sexual es un trabajo duro y peligroso. Sin embargo, es la forma en la que han podido sostener materialmente su vida y la de sus familias.

La familia de Fernanda al principio pensaba que «el ser homosexual es gato negro y mala suerte». Sin embargo, ellos sabían que los ingresos que ella enviaba del extranjero provenían del trabajo sexual. 

En general, el trabajo sexual suele no estar regulado por los países o ser parte de vacíos legales que dejan en indefensión a las personas que son desplazadas a estas actividades. 

En una publicación de Amnistía Internacional en 2016 se reconoce que «en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos».

Malony comparte que «yo describiría mis condiciones de vida un poco precarias. No estoy satisfecha con la clase de vida que nos ofrece este Estado opresor. Pero seguimos en la lucha. Las putas resistimos y existimos. Seguimos viviendo de nuestros cuerpos. Habemos personas que hemos implementado un emprendimiento aparte de nuestro trabajo, pero seguimos viviendo en la precariedad las mujeres trans.»

Las condiciones de vida de las personas trans, marikas, homosexuales han cambiado a partir de 1997. Estos cambios en sus vidas los han conseguido con el cuerpo, luchando contra diferentes sistemas. Aún las persecuciones y violencias no cesan. Fernanda, en 2007, escuchó que todo estaba cambiando, que habría nueva Constitución y ya no habría persecución policial. Decidió regresar a Ecuador.

Igual que Malony, Fernanda tuvo la oportunidad de poner un emprendimiento de comida en su ciudad. Hasta que en 2020 comenzó a tener visitas fuera de su casa de personas preguntando por ella. 

Ya sea por su trabajo, por su situación migratoria o por las condiciones de inseguridad del país, las mujeres trans parecen vivir condiciones de vulnerabilidad que se han mantenido desde los tiempos de penalización de la homosexualidad. Fernanda tuvo que cerrar su negocio este año porque las personas que visitaban su casa pedían 5 mil dólares por su vida.

Ella intentó poner varias denuncias, pero los policías no la tomaban en serio. Incluso llegaron a decirle que era su culpa por haber puesto una foto de perfil en redes sociales, asegura. Un día las personas que visitaban la casa de Fernanda llegaron con cámaras a tomar fotos frente a su domicilio.  Desde entonces tuvo que huir junto con su familia. Aún prefiere no salir mucho al público. 

Malony Chávez quizás encierra el sentir hoy de ella y otras mujeres trans: «No podríamos estar satisfechas, pero tampoco estamos desechas».