27 Nov Coccinelle, en espera de justicia y reparaciones

Después de 24 años de la despenalización de la homosexualidad, el Estado no ha investigado los abusos policiales contra las personas LGBTIQ+. Una denuncia presentada en 2019 es la última esperanza para quienes sobrevivieron

VÍCTOR HUGO CARREÑO

“Solo se nos recuerda en junio y noviembre. De ahí, pasamos al olvido total”. Una carga de frustración y decepción reverbera en las palabras de Purita Pelayo.

En su memoria, están vívidos los momentos en que la Policía las perseguía, agredía y detenía, en los tiempos en que el Código Penal establecía prisión de 4 a 8 años “en casos de homosexualismo”. Las mujeres trans fueron uno de los blancos de la violencia policial contra la población LGBTIQ+, justificada por una infame disposición legal.

Recuerda cuando las arrestaban y les propinaban palizas, cuando eran arrojadas a las lagunas, cuando les introducían objetos en el recto, o cuando los policías las violaban.

En su libro Los fantasmas se cabrearon, Purita eternizó esas amargas memorias: agentes que allanaban viviendas de forma ilegal, policías que incursionaban en discotecas o bares con la excusa de cuidar “la moral y las buenas costumbres”; los escuadrones volantes que detenían a mujeres trans y homosexuales que caminaban en las calles…

…El asesinato de Martha Sánchez (como se hacía llamar) en la actual Plaza Foch, después de recibir un disparo que provino de un edificio multifamiliar; o el cruel crimen que segó la vida de Satanacha, cuyo cadáver apareció amarrado, con golpes en sus extremidades y carcomido por animales en las afueras de la capital. Estos dos hechos no fueron investigados y quedaron en la impunidad.

“El Estado, que debió protegernos desde siempre, no hizo nada y no quiere hacer nada, y desconoce el derecho de tener que reivindicar el reconocimiento a esta categoría de sobrevivientes”, señala Purita Pelayo, quien en 1997 presidió la organización Coccinelle, una de las más visibles en el proceso de la despenalización de la homosexualidad.

Coccinelle, que aglutinó a mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual, se tomó en varias ocasiones la Plaza Grande para protestar por la represión policial. Además, apuntaló la recolección de más de 1.500 firmas que las organizaciones LGBTIQ+ debían adjuntar a la demanda de inconstitucionalidad que presentaron al extinto Tribunal Constitucional para despenalizar la homosexualidad.

Después de 24 años, las exintegrantes de Coccinelle no han recibido justicia ni reparación por la vulneración de sus derechos. El Estado no ha investigado ni respondido por la persecución policial en la época en que ser LGBTIQ+ era un delito.

En 24 años, ellas han envejecido, con sus cicatrices en el cuerpo y en el alma; otras, han fallecido. Ante el abandono estatal, se acogen al término sobrevivientes.

Frente a ese escenario se unieron en la organización Nueva Coccinelle y en 2019, junto a INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos), presentaron a la Fiscalía una denuncia contra el Estado por delitos de lesa humanidad. La denuncia recoge casos de detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales.

Uno de los casos es el de Purita. Un sábado, a la medianoche, en una redada policial un uniformado le agarró de los pelos para detenerla. Junto a tres personas más fueron embarcadas en los patrulleros y conducidas con dirección a los túneles de San Juan, en Quito.

“Antes de ingresar a estos (los túneles), se escuchó una voz que gritó: ‘¡Aquí! ¡Paren aquí… que a estos maricones los vamos a bañar!’. Ya cerca de la laguna artificial que se encuentra a un costado, nos hicieron bajar y sumergir a todo el grupo, bajo amenazas y apuntando siempre su gas pimienta hacia nuestros cuerpos, que de no introducir hasta las cabezas seríamos gaseados, ante lo cual y tiritando de frío no nos quedó otra opción que obedecer”. Este testimonio de Purita aparece en la denuncia.

En total, son 10 testimonios detallados los que constan en la denuncia. Otro de ellos es el de María Jacinta Almeida, quien falleció el año pasado, sin justicia ni reparación. Ella fue detenida por los escuadrones volantes al grito de “maricones de mierda”, recibió puntapiés cuando era llevada al centro de detención provisional y pasó la noche junto a un servicio higiénico mal oliente.

“Pasé ocho días detenida, sin que nadie me auxiliara o me permitiera hacer alguna llamada telefónica. Al salir libre me sentí desvalida y sin fuerza, que hasta deseaba no haber nacido nunca”, recoge la denuncia.

Trámites, peritajes y trabas

El proceso de la denuncia ha sido lento. “En 2020 fue un año perdido por la pandemia. No se ha avanzado, pero esa no es una excusa válida para que el proceso que ha tenido este caso sea tan lento”, señala Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de INREDH.

En septiembre del año pasado, Nueva Coccinelle e INREDH presentaron un escrito a la Fiscalía por la falta de celeridad y debida diligencia en la investigación.

Chiriboga explica que la Fiscalía ya ha tomado versiones de las denunciantes e incluso de personas que no están patrocinadas por INREDH, pero quisieron aportar con sus testimonios. Ahora, están en el proceso del peritaje individual (identificar vulneraciones específicas a través de procedimientos médicos legales, sicológicos y psicosocial).

“Se hicieron tres peritajes por víctima. No solo para las 5 denunciantes (quienes firman la denuncia, entre ellas Purita Pelayo), sino que se abrió la posibilidad de incluir a más personas. Se hicieron 60 peritajes, 3 por cada víctima”, precisa Chiriboga.

Entre las personas que se sumaron a rendir su versión y participar de los peritajes, está Fernanda López. En 1997, con 15 años de edad, ella participó en Quito en el proceso de recolección de firmas previo a la presentación de la demanda al Tribunal Constitucional.

Fernanda dejó Chone, ciudad donde vivió su infancia, después que su padre la rechazara por ser trans. Quito fue el destino en el que esperaba gozar de libertad. No fue así. “Basta que te viera un patrullero para cogerte presa”, comenta.

“Nos revisaban, nos quitaban el dinero, nos violaban, nos llevaban a la laguna del Parque Alameda y nos tiraban a las dos o tres de la mañana”. Después de estas torturas, eran llevadas al centro de detención provisional.

Testimonios como los de Fernanda o de integrantes del colectivo Sobrevivientes del Artículo 516, que también se han sumado con sus versiones, son ahora parte reconocida en la investigación, explica Chiriboga.

La siguiente etapa es la determinación de las responsabilidades. Es decir, quiénes ejecutaron la persecución y agresiones contra personas LGBTIQ+, y quiénes dictaron órdenes. “Es la parte más difícil porque es el Estado el que tiene la información”, indica.

Las víctimas recuerdan los hechos con detalles, como lugares, a dónde fueron trasladadas o con quiénes estaban en el momento en que fueron violentadas, pero era imposible iniciar procesos legales en la época de la criminalización.

“Hay cosas fuera de nuestro alcance, porque en los años 80 y 90 no había registros de estos hechos. No había nada. No podíamos hacer una denuncia de desaparición o asesinato”, señala Purita Pelayo.

Otro de los recuerdos que tiene es cuando fue llevada por una noche al SIC-10, una estructura clandestina policial creada para combatir a grupos considerados subversivos. “Yo no debía estar ahí y el policía me decía ‘sigue, sigue’. ¿Qué hago aquí?, le pregunté. Yo sólo salí con tacos y vestido, y escuchaba gritos que venían del subterráneo”.

Al día siguiente, la trasladaron al centro de detención provisional. Fue en el gobierno de León Febres-Cordero que se atizó la represión policial, según cuenta Purita, pues los escuadrones volantes también detenían a personas LGBTIQ+.

El apellido Febres-Cordero altera a Purita. No alza su voz, pero el tono cambia. “Sé que han erigido un monumento a él en Guayaquil. ¡Qué vergüenza!”.

La denuncia señala que el gobierno del expresidente socialcristiano adoptó una postura autoritaria y conservadora porque consideraba a las personas LGBTIQ+ como una amenaza “al no acatar o encajar en la norma heterosexual y patriarcal de la sociedad”.

El informe de la Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones de derechos humanos en el período 1984-2008, no detalla casos de víctimas porque no recogió testimonios individuales, pero sí dedica un capítulo a la violencia de género que aborda la homofobia y transfobia, y la persecución policial contra personas LGBTIQ+ cuando la homosexualidad estaba penada.

Si bien no hay estos testimonios, Fundación Pakta, en un informe sobre cuestiones pendientes del Estado en derechos LGBTIQ+, sostiene que la sección del informe de la Comisión de la Verdad “debe entenderse como la documentación de la violencia estructural en contra de la población LGBTIQ+ en el Ecuador, que no necesita nombres ni apellidos para verificar su existencia en tal época”.

Por ello, continúa el informe, la población LGBTIQ+ que sobrevivió a la persecución policial merece de reparación colectiva fundamentada en la discriminación estructural.

En ese sentido, recomienda que la Asamblea reforme la Ley de Reparación Integral de las Víctimas de la Comisión de la Verdad para que las víctimas LGBTIQ+ puedan acceder al proceso de reparación.

Nueva Coccinelle espera, por lo menos, tres acciones si la justicia falla a su favor: disculpas públicas del Estado, que una parada del metro de Quito se llame Coccinelle, e indemnizaciones.

Pero Pamela Chiriboga, de INREDH, indica que aún no están en la etapa de pedido de reparaciones. Sin embargo, agrega, siempre que existe una vulneración se debería reparar a las víctimas.

Esta reparación no debe ser solo monetaria, sino que el Estado también debe velar por las víctimas y garantizar que hechos como los sucedidos no vuelvan a repetirse, explica Chiriboga.

Si la Fiscalía encuentra presuntos responsables, el caso pasará a juicio y deberá atravesar tres instancias; incluso puede pasar a la Corte Constitucional.

“Si no funciona en instancias nacionales, habrá que recurrir a instancias internacionales, como el Sistema Interamericano y el Sistema Universal”, advierte.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay precedentes de fallos a favor de la población LGBTIQ+. En marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Honduras como responsable de la muerte de la activista trans Vicky Hernández, quien fue asesinada en un contexto de violencia policial letal contra mujeres trans que ejercían el trabajo sexual.

Mientras el proceso avanza, Purita Pelayo, Nueva Coccinelle y quienes conformaron Coccinelle en 1997 siguen esperando justicia y reparaciones. “Tenemos un reto muy grande para que esto (la denuncia) se pueda mover; de lo contrario, nos van a enterrar a todas”.