24 May Lasso y los derechos LGBTIQ+: Un año sin avances ni definiciones
El presidente Guillermo Lasso cumple un año en el poder sin avances concretos en derechos LGBTIQ+, pese a los ofrecimientos que, de último momento, hizo en su campaña electoral y a gestos que, al final, solo fueron una instrumentalización de nuestras luchas y reivindicaciones.
Lasso, miembro del Opus Dei, creyente del matrimonio entre hombre y mujer para fines de procreación, y líder de un partido donde militaron abiertamente antiderechos como Héctor Yépez, llegó a la Presidencia tras un giro en su estrategia de campaña que incluyó ofrecimientos para la población LGBTIQ+.
El entonces candidato sumó a sus propuestas de gobierno políticas para erradicar la discriminación contra las personas de la diversidad sexo genérica en los ámbitos laboral y educativo, y en instituciones públicas. Ofertas que hasta ese momento adornaban un discurso electoral pero que luego, en el poder, quedaron plasmadas en un anuncio oficial el Día del Orgullo, la fecha LGBTIQ+ más emblemática, para construir políticas públicas integrales que garanticen el cumplimiento de derechos.
Ese día Lasso anunció la creación de la Subsecretaría de Diversidades, a la cual se le encargó liderar el proceso de elaboración de estas políticas públicas en cuatro ejes: educación, trabajo, salud y acceso a la justicia. Además, el Palacio de Carondelet se iluminó con los colores del arcoíris, nuestros colores, los que nos cubren en las marchas para expresar con orgullo quiénes somos.
El proceso inició en septiembre, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y 21 instituciones, pero hasta ahora no hay propuestas concretas para la implementación de estas políticas. En el informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene a cargo la Subsecretaría de Diversidades, se menciona el inicio del proceso como una de las actividades realizadas el año pasado, pero aún sin resultados.
Sí, los procesos participativos toman tiempo, más aún cuando en estos hay aportes necesarios desde las distintas perspectivas y realidades de diversidad sexo genérica que permitan dimensionar la discriminación, violencia y vulneraciones de derechos a lesbianas, gais, bisexuales, personas trans, intersex, queer y otras identidades.
Sin embargo, a lo largo de este primero año, las decisiones en el poder y también omisiones del Ejecutivo muestran al mismo Lasso antiderechos que en 2020, como líder de su partido político CREO, pidió públicamente al entonces presidente Lenín Moreno que vetara el Código Orgánico de Salud, que disponía la prohibición de procedimientos de asignación de sexo a personas intersex y la prohibición de terapias para modificar la orientación sexual o identidad de género.
Ya como presidente, en marzo de 2022, Lasso vetó la Ley de Aborto por Violación y entre los cambios que propuso -y que entraron en vigencia- están requisitos y procedimientos restrictivos para acceder a la interrupción del embarazo, pero también la eliminación del término personas gestantes en algunos artículos, como los relacionados a una atención especial para personas en situación de vulnerabilidad, o a las redes de apoyo y seguimiento a víctimas de violación.
De esta manera, el veto desconoció las realidades de las personas de la diversidad sexo genérica con capacidad de gestar que sufren violaciones sexuales correctivas por su orientación sexual e identidad de género.
Este mismo mes, en una entrevista a CNN, Lasso señaló que la adopción para parejas del mismo sexo “es un tema más sensible que en Ecuador no entra todavía en debate”. Y no, no es una simple declaración u “opinión” (argumento que muchas personas utilizan para, en realidad, disfrazar su homofobia o lesfobia). ¿Por qué un presidente califica de “sensible” la adopción para parejas del mismo sexo cuando la Constitución reconoce a las familias en sus diversos tipos? ¿Acaso desconoce la Constitución que, en reiteradas ocasiones, dice cumplir?
¿Por qué insinúa que el país necesita un “debate” cuando es obligación del Estado garantizar a las parejas del mismo sexo formar una familia? ¿Acaso el Presidente, quien dice respetar los pronunciamientos de otros organismos, no conoce de la sentencia del caso Satya (que ordenó al Registro Civil no alegar falta de ley para la inscripción de hijxs) o la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que los países deben reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales?
Hasta el momento, el Registro Civil solo permite la inscripción de hijas e hijos de parejas de mujeres que hayan concebido por reproducción asistida. En casos de parejas de mujeres que concibban por reproducción artesanal casera, hay trabas y, por supuesto, discriminación. Para parejas de hombres, pues ni siquiera hay alguna vía para formar una familia.
Ni de la Presidencia ni de la Subsecretaría de Diversidades han surgido iniciativas para que el Registro Civil, organismo que depende del Estado central, permita la inscripción de hijxs de todas las parejas, sin distinción.
De las propuestas de ley enviadas a la Asamblea por el Ejecutivo, ninguna tiene relación con derechos LGBTIQ+. Ni siquiera cuando hay obligaciones que se desprenden de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por ejemplo, reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que actualmente genera una doble cedulación y establece requisitos estigmatizantes a las personas trans que desean adecuar su documento de acuerdo a su identidad de género.
Aunque son obligaciones que la Corte Constitucional ha otorgado a la Asamblea, el Ejecutivo tiene la potestad de enviar proyectos de ley. Y en este primer año lo ha hecho, pidiendo incluso celeridad al Legislativo, principalmente en temas económicos y tributarios.
El listado de temas puede seguir: inserción laboral, especialmente para personas trans; el cumplimiento de protocolos existentes como el manual de atención en salud a personas LGBTI o la guía para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el ámbito educativo; la prohibición de cirugías para asignar un sexo a personas intersex…
En el gobierno del encuentro que ofreció Lasso, los derechos de las personas LGBTIQ+ no tienen la misma prioridad que otras agendas cercanas a un poder abiertamente conservador.
Los dogmas del Presidente, aunque lo niegue, inciden en las decisiones o propuestas y, claramente, en la falta de ellas. Sin un reconocimiento pleno de nuestros derechos, no podemos hablar de democracia y de “un encuentro” que nos incluya a todxs.
