21 Mar Vejez LGBTIQ+: vivir la cuenta regresiva en el olvido

La tercera edad de la diversidad sexo-genérica vive invisibilizada y desprotegida. Pese a que el envejecimiento lleva a un mayor riesgo de enfermedades, en Ecuador aún no existen políticas públicas de salud que estén dirigidas a cubrir las necesidades de esta población.

Por: Daniela Mejía Alarcón

Ilustración: Diana Romero

Es una realidad compleja de contar, difícil de enfrentar, la suya. No hay ni una sola política, programa o estrategia pública que aborde su atención específica, ni una estadística oficial que determine sus características demográficas, ni ningún estudio que visibilice sus condiciones de vida. Ellxs existen, sí, pero es como si no estuvieran. El suyo es un mapa gris, sin bordes, difuso, por no decir borrado.

El trayecto que les queda por transitar tampoco es tan largo. La etapa de vida en la que se encuentran es aquella en la que aumenta ​​el riesgo de padecer enfermedades y descienden gradualmente las capacidades físicas y mentales​​. Así, el paso de los años comienza a hacerse más patente y a revelarse no solamente a través de cabellos encanecidos y rostros surcados.

Son lxs adultos mayores LGBTIQ+, una población que ha recibido la espalda del Estado, que lxs tiene en el abandono y la indefensión, y de una sociedad que, en base a construcciones sociales y estereotipos sobre la sexualidad, lxs ha invisibilizado y excluido a tal punto que dar con ellxs para conocer cómo viven el día a día, qué les falta o necesitan, deviene en una tarea inesperadamente intrincada y exhaustiva. 

Hallar testimonios, encontrar a alguien que quiera hablar fue la parte más difícil de este reportaje. Pero finalmente aparecieron María Félix, que está por cumplir 69 años, y Eva, próxima a la tercera edad, para contar sus padecimientos y sus historias. 

En términos generales, lo que se conoce por información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es que en Ecuador viven 1,3 millones de personas adultas mayores, mas no qué porcentaje de ese 7,9% de la población que tiene 65 o más años configura la tercera edad sexo-género diversa.  

Otro estudio refleja que el 58% de la población LGBTIQ+ no está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni tiene acceso a otro tipo de seguro de salud. Esta última cifra se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTIQ+, presentada en 2013, también por el INEC, pero tampoco permite comprender a cabalidad la situación del acceso a salud de la población LGBTIQ+ adulta mayor, dado que entre lxs entrevistadxs (2.805 personas) apenas el 0,2% tenía más de 65 años.  

María Félix García integra ese 58% de personas LGBTIQ+ que no están afiliadas al IESS ni pueden costearse un seguro médico privado. Ella es una mujer trans, de 68 años, que sufre de hipertensión desde hace seis. Además, tiene artrosis. «Yo soy hipertensa, tomo pastillas, tengo artrosis en las dos rodillas, y como está esta pandemia no he ido a terapia; en los hospitales no atienden, todo está lleno de Covid», señala.

Las Anapril de 20mg que necesita tomar cotidianamente se las proporcionaban en el dispensario del Ministerio de Salud Pública (MSP) al que suele acudir. «Pero ya no me las dan desde hace un año. Con esto de la pandemia, no dan», apunta.

Ahora a esos comprimidos se los costea ella. «Por ahí consigo y me compro las pastillas. Compro cada mes, casi gasto doce dólares solamente en las pastillas de la presión y eso que son baratas”, observa.  

Lo que María Félix deja entrever al decir que tiene que conseguir para sus pastillas es que no tiene ingresos fijos. Cubre sus gastos limpiando casas, pero esa actividad tampoco es una estable: “Por ejemplo, cobro veinte, cobro quince, voy donde una hermana y me regala cinco dólares, voy donde mi mamá y me regala diez dólares y eso lo guardo”. 

Pero con eso que guarda no solo paga sus remedios. «Yo oigo la palabra del Señor, entonces tengo que pagar internet y la luz, que ahora ha subido. Yo pagaba 18 dólares, me ha subido a 27 dólares y eso que me descuentan 5,50 por tercera edad», comenta. Al menos no tiene que pagar alquiler. Vive en Guayaquil, en un cuarto que le dio su mamá, de 86 años. 

“Nunca he sido enfermo, he tenido buena salud, ya pasando mis 50 años he venido a enfermarme y a tener que ir a un hospital”, dice María Félix, quien a veces se refiere a sí misma como ella y otras como él, quizás porque para sus amigxs y conocidxs ella es, en efecto, María Félix, pero para su familia -aunque haya aceptado su transición- sigue siendo Félix.

Ahora, como toda persona que envejece, María Félix debe hacerse chequeos médicos con mayor frecuencia. Actualmente lo requiere, sobre todo, porque tiene un dolor en el brazo izquierdo. Narra que hace un tiempo pasó por el centro de salud donde se realizaba las terapias para su artrosis y vio que sí estaban entrando usuarios, atendiendo, pero eso no le resulta del todo alentador: «O sea que hay que ir a sacar la cita, pero la cita la dan después de un mes, dos meses o tres meses», indica.

Para Fernando Orozco, presidente de Años Dorados, la única organización del país que vela por los derechos de lxs adultxs mayores LGBTIQ+, la situación que vive esta población es «crítica». De ahí que el pasado 30 de noviembre esta asociación haya interpuesto una denuncia en la Defensoría del Pueblo por lo que -consideraron- la «inacción y negativa del Estado de proporcionar atención médica especializada a adultos mayores LGBTIQ+ durante la pandemia». 

Orozco cuenta que si bien durante la crisis sanitaria el MSP ofreció atenciones médicas domiciliarias a personas LGBTIQ+ de la tercera edad, estas fueron en medicina general, no en especialidades, que son las que este grupo mayormente requiere dada la diversidad de afecciones que incluso se llegan a experimentar en simultáneo en la vejez.

«Y, si ha habido suerte, algo de medicamentos, de los que hay… Antes de la pandemia hubo la atención especializada, no lo voy a negar, pero desde la pandemia no me llega a mí el urólogo, no le llega a otra persona el traumatólogo (…) so pretexto de la pandemia no podemos dejar que se estén muriendo, pues. Se están muriendo», afirma Orozco, indignado. 

Y pormenoriza su angustia: «Ya se han muerto algunos. Ismael ‘Ángelo’ Anastacio, por ejemplo, considerado héroe de la despenalización (de la homosexualidad), (murió) por temas de salud, porque no hay la atención especializada, no hay el medicamento. Lo que hay es la limitación de los recursos económicos y a esas personas mayores ya, como quien dice, les da un quemeimportismo, una desesperanza, ya ni siquiera piden o solicitan ayuda porque ya no creen en el sistema, ni en la política pública, ni en los hospitales, ni en el Gobierno. No les creen a los funcionarios, han perdido la fe». 

Fernando Orozco cumple, este mes, 60 años y aunque le pone el cuerpo a esta lucha sabe que el panorama con el que él se topará al llegar a los 65 -la edad en la que una persona es considerada oficialmente de la tercera edad- será más o menos el mismo. 

Invisibilizados, siempre 

¿Por dónde empezar a entender este entramado de abandono y exclusión? «Para esto tenemos que remontarnos a cuando el movimiento LGBTIQ+ era encarcelado antes de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Muchas de nuestras compañeras y compañeros fueron criados o vivieron bajo esas injusticias por ser diferentes, entonces el ser adultx mayor a estas alturas, en estas fechas, cuando se han logrado muchas cosas positivas para estas poblaciones es bueno para quienes somos de esta época, pero no es lo mismo para, por ejemplo, un adulto mayor trans que tiene 80 años. Lo que yo he vivido en el trayecto de mi vida de 40 años no es lo mismo que han vivido ellxs», explica Poulet Pico, presidenta de la Asociación LUVID, que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ de Manta, en la provincia de Manabí.

Eso Purita Pelayo lo sabe. Ella es quien en 1997 presidió la organización Coccinelle, una de las más visibles en el proceso de la despenalización de la homosexualidad en el país, y por eso habla en nombre de su colectivo y de la comunidad por la que, recalca, ha estado trabajando más de tres décadas: «Todas pasamos de los 50 años y, en realidad, lo único que podemos decir es que nos sentimos olvidadas y que no somos atendidas ni beneficiadas con las famosas políticas públicas».

Esto, para Sandra Álvarez, directora ejecutiva de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, responde a que «los adultxs mayores son consideradxs como un grupo de atención prioritaria, mas no así las personas LGBTIQ+. No entramos dentro de una política que vele por y vigile nuestros derechos, pese a que somos un grupo tradicionalmente excluido y discriminado», advierte. 

Sandra fue quien elaboró el Diagnóstico participativo sobre la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador, una investigación financiada por la Unión Europea, que se levantó entre 2014 y 2016, y que ya mencionaba como un reto, en cuanto al derecho a la salud, la inclusión de las personas de la diversidad sexo-genérica de la tercera edad.

A este grupo no se lo nombra ni en el Manual de atención en salud integral a personas LGBTI, publicado en 2016 por el MSP para ser aplicado obligatoriamente a nivel nacional a fin de garantizarles el derecho a la atención de salud y a un buen trato. Tampoco en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores que, aprobada en 2018 y publicada en 2019, pasó a reemplazar a la Ley del Anciano de 1991. 

Esa omisión, expone Nua Fuentes, socióloga y activista de Proyecto Transgénero, una organización transfeminista de Quito, es la que hace que exista «un sector de la población de la tercera edad LGBTIQ+ que no accede a derechos». 

«La Ley de las Personas Adultas Mayores no habla de población LGBTIQ+ porque parecería que no es necesario, pero el Estado tiene que comprender que siempre hay grupos vulnerables para los cuales esto de nombrar de manera amplia, decir ‘todxs los adultxs mayores’ no es suficiente, sino que necesita crear algo concreto para llegar a esas poblaciones. Está bien que se diga que nadie va a ser discriminado, pero si no tenemos una acción en concreto que nos conecte con eso, es muy difícil que sea efectivo para todxs», considera. 

El MSP no tiene información sobre los adultxs mayores LGBTIQ+. La máxima autoridad en materia sanitaria del país admite que no hay una atención especializada ni enmarcada a las necesidades particulares de este grupo porque -alega- sus servicios «son de atención integral para toda la población». 

Pero la realidad es que a este conjunto de la población no llegan como deberían llegar. Eva Molina es una mujer trans en vías a la tercera edad. Tiene 58 años y múltiples problemas de salud, al igual que su madre, de 76, a quien cuida. Eva, quien asegura no estar ni haber estado nunca afiliada el IESS, dice que para los medicamentos de ambas requieren entre 14 y 17 dólares diarios. 

Ella tiene hipertensión, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, problemas de próstata e incontinencia urinaria. Su madre: artrosis e hipotiroidismo también. Sus recetas médicas incluyen Tamsulon, Bladuril, Lozartan, Atenolol, Levotiroxina, Ansaid y pañales, los que Eva debe ponerse cuando sale de casa, aunque pese a las necesidades que atraviesa su hogar lo hace poco: «Estamos mi mami y yo solitas aquí, yo no la puedo dejar sola, porque por la artrosis me dijo el doctor que si ella se caía se podía quedar sin cadera”. 

Eva señala que, en ocasiones, no ha podido ir a citas médicas por no tener ni siquiera para un pasaje en transporte público ($0,30 ctvs). Normalmente se atiende en el dispensario de la Martha de Roldós, al norte de Guayaquil, sector en el que vive.  

Cuenta que cubren sus gastos con los 180 dólares que al mes les pagan los inquilinos a los que les arriendan la planta alta de su casa. Con eso, además de las medicinas, compran comida y pagan luz, agua, teléfono. «Yo no tengo trabajo. Trabajé 42 años con una peluquería en mi casa porque en esa época o eras prostituta o eras peluquera», se acuerda.  

Pero su negocio se vino abajo por la pandemia. “Justo cuando cayó el Covid ya no vino absolutamente nadie”, lamenta. No ha logrado recuperarse económicamente. Con suerte llega a tener uno o dos clientes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una gran parte de las más de mil millones de personas que tienen 60 años o más en el mundo «no tienen siquiera acceso a los recursos básicos necesarios para una vida plena y digna». La mayoría de ellas, añade el máximo organismo de la salud, se encuentra en países de ingresos bajos y medianos.

En Ecuador, el Informe del Estado Situacional del Servicio de Atención y Cuidado para Personas Adultas Mayores por el MIES y Entidades Cooperantes, da cuenta de ello: el 81,5% de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema y el 18,5% en situación de vulnerabilidad. 

El reporte -último disponible- fue publicado el pasado 13 de enero por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que es el ente rector de la política pública para la protección integral a grupos de atención prioritaria. Pero al igual que el Ministerio de Salud, el MIES no cuenta con datos específicos que permitan hacer un diagnóstico de la situación actual de la tercera edad LGBTIQ+. 

A una solicitud de información de Edición Cientonce, solo respondieron que los servicios que brindan son de atención integral para todxs los ciudadanxs, sin distinciones.  

Ante la falta de claridad estadística, los de María Félix y Eva son el rostro de la dura realidad socioeconómica en la que la vejez LGBTIQ+ está inmersa. Que el MSP no proporcione los medicamentos que le corresponde entregar, implica un fuerte impacto para el enjuto bolsillo de Eva. “No me dan ni una medicina, no hay Lozartan, no hay Levotiroxina, no hay. Más o menos tengo como unos seis meses que no me dan nada de eso”, asegura. 

Y añade: «Me dicen que vaya a comprar afuera, entonces ese es el problema que existe en los hospitales. Las pastillas para la presión ahora están a 70 centavos (cada una), ¿y yo de dónde saco 70 centavos? Tengo ahorita 30 (se ríe), ya voy a ver si a alguien le pido prestado 40 para comprarme una pastilla para la presión». 

Reír para no llorar. 

Pero Poulet Pico no puede evitar que la voz se le quiebre del otro lado del teléfono. Ella sostiene que la mayoría de las 36 adultas mayores (transfemeninas) que identificaron en Manta hace dos años, en el marco de una investigación para una tesis de grado en la que colaboró, «viven de manera precaria, no tuvieron un nivel de estudio, no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo que les permitiera vivir dignamente». 

Por este motivo Nua Fuentes sostiene que desde Proyecto Transgénero plantean que para pensar el tema de la tercera edad LGBTIQ+ hay que también hacerlo en términos de reparación. Ella expone que no solo se debería pensar «en figuras que estén guiadas a reparar a las personas de la tercera edad LGBTIQ+, sino además a quienes han sido empujadas al espacio del trabajo sexual sin mayor opción y que hoy en día son sujetxs completamente vulnerables». 

«Hemos tenido muchos casos de personas trans que no saben ni leer, ni escribir, tienen que realizar trabajo sexual, están viviendo con VIH, tienen problemas en su salud o físicos en relación a violencia porque, recordemos, que en la calle suceden agresiones que muy poco se visibilizan. Por eso creemos que es importante pensarlo en términos de obligación del Estado, porque no les ha brindado esas oportunidades ni garantías a estas personas», manifiesta. 

La incorporación de las personas adultas mayores LGBTIQ+ a la política pública recién se está contemplando. Esto, dentro del proceso de actualización que el MSP está haciendo del hasta ahora llamado Manual de atención en salud integral a personas LGBTI. 

En un conversatorio que sobre este tema en particular organizó la Fundación Mujer y Mujer, en julio del año pasado, Rita Bedoya, subsecretaria nacional de Promoción de la Salud y Igualdad del MSP, anticipó que «lo nuevo del manual» sería el fortalecimiento de los enfoques de interseccionalidad e intergeneracionalidad, así como la incorporación de elementos de niñez y adolescencia, personas adultas mayores, con discapacidad y demás particularidades en cada grupo LGBTIQ+. 

¿Cuándo se oficializará la reversión del manual? Bedoya no lo precisó. El MSP, en el pedido de información de Edición Cientonce, tampoco lo hizo. Así las cosas, paradójicamente, la única opción que les queda a lxs adultxs mayores LGBTIQ+ es esperar. Seguir esperando mientras el tiempo, lo que menos sobra cuando se está en la tercera edad, se les agota. Seguir esperando y arreglárselas como pueden y, en algunos casos, con ayuda de intermediarios. 

Entre estos dos escenarios, Eva Molina ha tenido que balancearse para hallar una solución temporal a sus males y dolores. Cuando hace unos meses le detectaron anemia, la derivaron a un hematólogo, pero ella no consiguió acudir a la consulta. «No pude ir porque no tenía ni siquiera para el colectivo, entonces perdí la cita con el doctor, pero yo hice algo más inteligente: comencé a tomar las Ferrum (hierro), me tomé siquiera unas 100», cuenta. 

Pero cuando el dolor de la próstata se le tornó «insoportable», ya no fue suficiente autogestionar su salud, por lo que una amiga suya, «presentadora en YouTube, de un programa de farándula» -detalla- logró, mediante reclamos públicos, que un médico especialista fuera a atenderla a su casa. Eva rompe en llanto al recordar: «Nadie me tomaba en cuenta y yo me sentía muy mal (…) Fui una de las primeras que firmó en contra de la discriminación gay (la despenalización de la homosexualidad) y soy la más olvidada», expresa Eva, resignada a su realidad, al otro lado del auricular.

Y concluye: “Es una gran pena que a personas que hemos dejado nuestras vidas, nuestras luchas, que hemos hecho progresar al país, nos tengan en el olvido. Nosotros solo pedimos que nos den la mano en el hospital y se terminó el asunto. No estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo lo que nos corresponde”.