20 Ene Agredidas y sin justicia, la realidad de mujeres trans en espacios públicos
92% de personas trans ha experimentado discriminación, exclusión y violencia en espacios públicos, pero solo el 5% ha denunciado. Quienes lo han hecho, han tenido que sortear obstáculos o no han recibido justicia
GABRIEL TOMALÁ VELÁSQUEZ
FOTO DE APERTURA: SANTIAGO JÁCOME
Vidas turbulentas describen sus historias. Un pasado con episodios de discriminación y carente de justicia, las ha marcado, trazando caminos con obstáculos que han desgarrado sus espíritus y hasta sus cuerpos.
Para las mujeres transgénero, sobrevivir es una tarea tácita, es una obligación que aún sigue siendo impuesta desde una sociedad que discrimina y juzga. Ser visible, en cambio, es casi una prohibición, o así pareciera, y el respeto hacia sus identidades es cuestionable.
‘Kandela Coctel’ es el nombre del restobar de Fernanda López, el cual maneja con su amiga Karolina. Las dos son mujeres transgénero. Las paredes rosadas, el piso vestido de tablero de ajedrez y las luces led color azul me reciben. Al final del local, que tiene apariencia de pasillo, veo a Fernanda, me acerco a saludarla y empezamos la entrevista.
Ella fue una de las primeras personas que conformaron la organización Coccinelle, la cual gestó la lucha para la despenalización de la homosexualidad en Ecuador en noviembre 27 de 1997.
La vida contada a través de la memoria de Fernanda, de 44 años y nacida en El Carmen, Manabí, relata las vulneraciones no solo de su padre, quien la desconoció como hija cuando inició su proceso de transición, sino también de instituciones públicas y el Estado.
A pesar de que ese mismo Estado prohíbe la discriminación por identidad de género, desde los zapatos de la población trans la realidad es otra: 92% ha experimentado discriminación, exclusión y violencia en espacios públicos, según el Consejo Nacional de Igualdad de Género y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Las últimas cifras oficiales son de 2012.
El informe Situación de los derechos de las personas trans en Ecuador detalla esas experiencias de discriminación y violencia: gritos, insultos, amenazas o burlas; detenciones arbitrarias; y agresiones físicas.
El 13 de marzo del 2021, Fernanda empezó a realizar trámites de posesión efectiva de una herencia para una amiga. Ese mismo día fue discriminada y burlada por un servidor público del Municipio de Chone quien la llevaba en su carro hasta el terreno donde tenía que hacer la inspección.
Durante los 13 kilómetros del trayecto desde la cabecera cantonal de Chone hasta el sitio Rancho Viejo, el funcionario se mofó de la identidad de Fernanda. “Adentro del Municipio, ese hombre fue amable, pero al subirme al carro, me miró por el retrovisor y empezó a decirme que yo era un hombre”, relata recordando los 22 minutos de viaje durante los cuales el servidor municipal se burlaba e insultaba.
La ruta de regreso a Chone estuvo acompañada de lágrimas de Fernanda. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar cuando muchas veces estuvo a punto de perder la vida por la transfobia. Fragmentos de su memoria revivieron las noches de incertidumbre en Quito, lugar donde residía en los años 90, donde las torturas, violaciones y agresiones marcaron su cuerpo.
Una vez más, Fernanda se encontró con la transfobia, la misma que la hizo huir de su casa a los 13 años, cuando su padre la rechazó como hija. La misma transfobia de policías que la encarcelaron y torturaron cuando la homosexualidad estaba penalizada en el país.
Las advertencias de posibles medidas legales fueron ignoradas por el servidor público, quien continuó denigrándola. “Cuando me bajé del carro cambió por completo conmigo y me trató de señora, pero no le hice caso y fui directamente al Municipio para que me den su nombre completo; sin embargo, nadie quería decírmelo, ni siquiera los superiores”, agrega mientras recuerda indignada la espera de dos horas para conseguir los datos del funcionario.
“He luchado tanto en mi vida y mi familia me respeta, para que venga a tratarme de esa manera un individuo, no podía permitirlo”.
Al siguiente día, el 14 de marzo, se dirigió a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, dependencia del Municipio de Chone, pero al contar con solo un nombre y un apellido del agresor, la denuncia no pudo efectuarse.
Al preguntarle sobre la Defensoría del Pueblo, la respuesta de Fernanda fue inmediata: “No me prestaron atención, aquí no hay nada, Chone es chiquito, los funcionarios públicos y la clase alta de aquí se conocen, es un círculo; de hecho, un trabajador de la Defensoría me dijo que era cercano al señor que estaba denunciando y lo justificó diciendo que él no sabía que yo tenía derechos”.
A pesar del miedo a alguna represalia, Fernanda quiso continuar con el proceso. Sin ayuda de las instituciones públicas del cantón, se contactó con la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (INREDH), que agilitó la denuncia en la Defensoría del Pueblo.
El organismo ordenó al funcionario una disculpa pública que el Municipio difundió en su sitio web el 6 de abril del año pasado. Fernanda se enteró cinco meses después de su publicación mientras realizaba una búsqueda en internet.
La Defensoría también dispuso que se imparta un taller en el Municipio de Chone sobre identidad de género. A Fernanda le corresponde ser la tallerista. Pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, la invitación para el taller aún no llega.
Casos similares, finales distintos
La discriminación contra personas trans en espacios públicos o instituciones es sistemática como consecuencia de las normas culturales y sociales impuestas desde la cisnormatividad (sistema que considera que todas las personas son cisgénero; es decir, que desarrollan su género de acuerdo a su sexo asignado al nacer).
“Hay un marcado margen de discriminación desde las instituciones y funcionarios públicos, específicamente sobre las personas que somos parte de las diversidades sexo genéricas, mucho más en aquellas que han transgredido su imagen o cuando su expresión de género no es la hegemónica”, explica Julio Neira, ex secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito.
En noviembre pasado, Erika y Fran fueron desalojadas de la Basílica del Voto Nacional por tomarse fotos con su amiga Gabu; un guardia de seguridad adujo que debían tener permisos, pero otras personas se tomaban fotografías en el mismo lugar.
Erika y Fran se animaron a denunciar con un video que se volvió viral y que provocó un plantón para rechazar el acto transfóbico. Pero la mayoría prefiere dejar pasar el suceso amargo. Según las cifras del INEC y del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 95% no denuncia los hechos.
Quienes denuncian, sin embargo, no tienen resultados como los que lograron Fernanda o Erika y Fran. A más de 300 kilómetros de Chone, Odalys Inca Moreno, de 38 años, fue agredida verbal y físicamente por un agente de control municipal, mientras hacía compras en el mercado San Alfonso, ubicado en Riobamba.
La entrevisté a través de la plataforma ‘Zoom’; su voz tenue y amable me saludó, conversamos por unos instantes y me habló de ella: “A los 19 años me fui de la casa, me alejé de mis padres, no pude seguir estudiando. A nosotras se nos han negado oportunidades, nos han impuesto el rol de prostitutas y peluqueras, nuestras familias nos rechazan y en muchos casos no obtenemos una educación y por ende no tenemos cupo laboral”.
El 18 noviembre de 2020, Odalys se dirigió al mercado San Alfonso, el cual queda a cuatro cuadras de su casa. Mientras realizaba sus compras, varios agentes de control municipal se acercaron; solo uno se quedó detrás de ella. Al cruzar la calle, el servidor público la empujó. “¡Maricón hijo de puta, ¿qué haces aquí?! ¡Lárgate, maricón feo!”, fueron los insultos que el agente municipal le gritó a Odalys mientras la miraba. Ella le advirtió de presentar una queja a las autoridades y el agente se colocó en medio de la calle y volvió a gritar: “¡Maricón hijo de puta, quiero que te largues de aquí!”.
“La vergüenza solo fue en ese instante porque nunca nadie me había tratado así en plena vía pública. No entiendo si es que el uniforme le da poder para tratar de esa manera a los demás; se me cruzó por la mente si la gente pensaría que soy un ser humano que no vale”.
A los diez minutos del incidente, Odalys ya se encontraba en la Dirección de Gestión de Policía y Control Municipal para presentar una queja. Al igual que le sucedió a Fernanda, los servidores públicos se negaron a dar los nombres, argumentando que no sabían quién fue el agresor.
“Al principio me dijeron que ya habían identificado al señor y hasta me indicaron que la sanción se estaba tramitando, pero al pasar los días se desentendieron por completo del tema explicando que no sabían absolutamente nada, luego decidí ir a la Defensoría del Pueblo donde tomaron mi denuncia”, relata.
Luego de dos protestas por parte de colectivos sociales en apoyo a Odalys y de la presión por parte de la Defensoría del Pueblo, se logró obtener la información del agresor.
Sin embargo, el proceso en la Fiscalía ha sido dilatado por parte de los funcionarios de la institución pública involucrada, quienes se demoraron más de tres meses en ir a dar sus versiones. El agente municipal, ya identificado, negó lo sucedido.
“He pasado meses tratando de que este tipo de violencia ya no sea normalizada y que la gente deje de pensar que a la marica la pueden vulnerar todos”, añade.
Se cumplió un año desde la agresión y hasta el cierre de este reportaje no se ha podido formular cargos debido a que las investigaciones continúan en proceso. Odalys no se cansa, se mantiene en resistencia para obtener justicia, la misma resistencia de otras mujeres trans que cada día luchan contra la discriminación y violencia.