28 Ene Odalys Cayambe: «Las mujeres trans están privadas de la libertad por la criminalización»

La ola de violencia en Ecuador y las medidas dentro del ‘conflicto armado interno’ han impactado en la vida de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, radican en sectores populares o están privadas de libertad. La directora ejecutiva de la fundación Vivir Libre, Odalys Cayambe, explica las distintas realidades de esta población, marcadas por la discriminación y exclusión.

VICTOR H. CARREÑO

Desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el pasado 9 de enero un ‘conflicto armado interno’ en Ecuador, las Fuerzas Armadas tienen la potestad de ejecutar operaciones en las calles y cárceles para enfrentar una profunda crisis de inseguridad en el país. Según información de la Presidencia, hasta el 27 de enero se desarrollaron 49.761 operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía, y se han detenido a 4.107 personas. La ola de violencia, más los operativos y medidas como el estado de excepción y el toque de queda, impactan en la vida de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, radican en sectores populares o están privadas de libertad. La directora ejecutiva de la fundación Vivir Libre, Odalys Cayambe, denuncia que quienes se dedican al trabajo sexual son desalojadas de las calles en los operativos y criminalizadas, mientras que en las cárceles, durante las intervenciones para recuperar el control de estos  centros, se han denunciado agresiones y torturas a mujeres trans.

P. Las Fuerzas Armadas están en las calles, rige un estado de excepción y toque de queda. ¿Cómo estas medidas, que se suman a la violencia de los grupos narcodelictivos, afectan a las mujeres trans que viven en las periferias, que son justamente los sectores más conflictivos y abandonados?

R. Desde el punto de conflicto interno, para la sociedad civil en general ha sido muy complejo en lo social y económico. Pero esa realidad que vive la sociedad civil no es la misma que vivimos las mujeres trans. El 87% de mujeres trans ejerce el trabajo sexual como parte de sobreviviencia. Desde las periferias, hemos vuelto a la pandemia de Covid, donde no se puede trabajar en 100%. Los cuerpos trans que han gestionado sus microemprendimientos (peluquerías, restaurantes o bares) fueron primero víctimas de las ‘vacunas’ y obligados a cerrar sus negocios. Ahora, con el conflicto interno, hay límites para poder trabajar y quienes se dedican al trabajo sexual no pueden hacerlo por el estado de excepción y toque de queda. Hay que recordar también que somos criminalizadas y como tal puede ser que haya un estado de excepción, pero desde que estamos en una esquina trabajando nos criminalizan, nos corren, nos llevan a un retén a hacer requisas, nos intimidan, nos violentan psicológicamente.

P. Ante esta situación, ¿qué opción le queda a una mujer trans que se dedica al trabajo sexual?

R. Ninguna. Si lo haces en el día en el centro de Guayaquil o en el Parque Centenario (en la misma ciudad), te corren. Los metropolitanos te están corriendo, los policías te están corriendo. El hecho de ser trans es un tema de criminalización. Si hay oportunidades, son las que una misma adquiere por el microemprendimiento, pero en negocios como peluquerías al momento no da al 100%. Y otra es que como limitan los horarios, muchos negocios no pueden atender hasta las 9 ó 10 de la noche; se acota por el vandalismo o los militares obligan a cerrar los negocios. Aquí en las periferias se ve más abrupta la violencia que aplican los militares hacia nosotras en el conflicto interno.

El trabajo de la Fundación Vivir Libre se enfoca justamente en las periferias. Uno de sus proyectos es la casa de acogida trans Dejando Huellas, ubicada en Flor de Bastión, uno de los sectores más violentos de Guayaquil. La casa, sostenida por autogestión, brinda albergue y refugio a personas trans en situación de calle, ex privadas de libertad y migrantes.

P. ¿Qué sucede en las periferias?

R. A las peluquerías las obligan a cerrar, también a restaurantes. Son apenas las 6 de la tarde y las obligan a cerrar. Algo que no pasa con el resto.

P. Aparte de estas dificultades para trabajar y hasta abusos que denuncia, las mujeres trans de las periferias también son víctimas de las bandas narcodelictivas: las vacunas, extorsiones o casos de violencia como el asesinato de la activista trans Jéssica Martínez. ¿Cómo han manejado estas situaciones?

R. Fuimos la única organización que denunciamos el hecho de las vacunas, pedimos ayuda para Jéssica y las trabajadoras sexuales, y no se nos escuchó. Hoy en día, todas las plazas de trabajo sexual de mujeres trans en Ecuador están siendo vacunadas por la delincuencia organizada. Muchas ya no trabajan, pero las que aún están pagan de $ 300 a $ 500 mensualmente, o $ 100 semanalmente. Y esto es por la ausencia de políticas y el abandono a la población trans, y las bandas se han apoderado de este sistema de trabajo. Incluso hay casos en que son obligadas a vender droga.

P. Y no hay manera de denunciar…

R. No, no la hay. Yo misma pagué vacuna para que me dejen en paz.

Jéssica Martínez denunció públicamente que estaba amenazada de muerte y -según indicó a su amiga Odalys Cayambe- la Policía no la protegía. Jéssica fue vicepresidenta de la organización trans Nueva Esperanza y señaló directamente a las bandas narcodelictivas por extorsionar a ella y a sus compañeras con el pago de las denominadas «vacunas» por ocupar la calle y ejercer el trabajo sexual en Ambato. Jéssica fue asesinada en septiembre de 2022 con 11 disparos. Pero no son solo las «vacunas», también las obligan a vender droga. Y si se niegan, se repiten historias como la de Jéssica.

P. ¿Y después del caso de Jéssica Martínez, se han reportado otros por negarse a pedir vacunas?

R. Por supuesto. Se han reportado 2 ó 3 compañeras asesinadas por semana. A dos compañeras de casa trans las asesinaron por negarse a traficar, y otras que son llevadas a prisión porque fueron obligadas a traficar.

Según el informe Runa Sipiy, que monitorea los casos de violencia contra personas LGBTIQ+, el año pasado fueron asesinadas 18 mujeres trans. Esta población siempre es la más golpeada por la violencia, pues esas 18 mujeres trans son parte de las 27 víctimas LGBTIQ+. Sin embargo, Odalys Cayambe señala que hay un subregistro en este informe y en realidad son más crímenes que se cometen.

Una de las compañeras que menciona Odalys es Valentina, a quien cariñosamente llamaba hija. En las realidades trans, marcadas por la exclusión en sus propios hogares, muchas mujeres forman hogares con amigas y compañeras. En uno de esos hogares, la madre es Odalys.

Valentina tenía apenas 19 años cuando fue asesinada, a tiros, en el sector del Paraíso de la Flor, donde residía. En una estación televisiva, Odalys pidió justicia, por su hija Valentina y por más víctimas de transfemicidios.

P. Otra situación en el conflicto armado interno son las mujeres trans privadas de libertad. La fundación denunció días atrás el caso de Angelina, una mujer trans que fue agredida por militares. ¿Cómo está la situación en las cárceles?

R. En estados de excepción han sido golpes y golpes en las cárceles, y hemos tenido registros que, por las excusas de movimientos, traslados, conflictos internos, han desaparecido compañeras, pero no hay un registro ni un censo de cuántas compañeras trans privadas de libertad hay. Desde una supuesta asistencia prioritaria que hay en la zona Guayas, las chicas trans piden salir de ese espacio porque las obligan a comprar artículos de higiene, alimentos y pagar cuotas por servicios. Si no pagan, les pegan y torturan. Así viven las mujeres trans en un sistema que supuestamente debe ser protegido. Muchas compañeras prefieren irse a una mediana o mínima seguridad, incluso a una máxima. El caso de Angelina es alguien que se atrevió, que estaba cansada y que no quería que le pase nuevamente. Para nosotras, el cabello es parte de la feminidad, muy aparte que hay que recordar que es parte del cuerpo humano. Lo que hicieron los militares fue mutilarla al cortarle el cabello. Ella se puso una camiseta ancha (el día de la intervención) y la obligaron a sacársela; toma hormonas y por los pechos la empezaron a torturar, maltratar y vejar. Hay otros casos, como un compañero gay que lo tuvieron amarrado y lo golpearon. Las personas LGBTIQ+ no están protegidas en las cárceles. No se les reconoce su identidad, orientación sexual y expresión de género. Son llamadas terroristas. Las mujeres trans están privadas de la libertad por la criminalización, por hambre, no por ser delincuentes en sí. Y si hablamos de delitos, son sentencias mínimas, de 3 años u 8 meses.

El pasado 14 de enero, en un audio divulgado por la Fundación Vivir Libre, Angelina, una mujer trans que cumple una condena en una de las cinco prisiones del complejo carcelario de Guayaquil, relata que militares la golpearon y le cortaron el cabello contra su voluntad. Luego, la obligaron a cachetearse con otra compañera trans. Si no lo hacía, «era peor», detalla en la grabación.

La fundación Vivir Libre también pidió públicamente, el viernes 26 de enero, información al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sobre el estado de Samantha, una mujer trans en la cárcel de Loja, tras recibir alertas de que presuntamente fue asesinada.

Sobre el primer caso, la Subsecretaría de Diversidades informó a este medio que se ha activado el servicio de protección integral en la zona 8 (conformada por Guayaquil. Durán y Samoborondón) y está a la espera del informe. Con respecto al segundo caso, el Ministerio de la Mujer emitió el viernes 26 de enero, en X (antes Twitter), un comunicado en que afirma que el equipo técnico del Servicio de Protección Integral junto con el director provincial de la Defensoría del Pueblo acudieron al Centro de Privación de Libertad de Loja N° 1 y constató que “se encuentra bien y no presenta signos de violencia”, pero no precisa más detalles sobre su situación en prisión. La fundación Vivir Libre no ha tenido nuevamente contacto con Samantha.

La Subsecretaría de Diversidades detalló también a edición cientonce que desde la declaratoria de ‘conflicto armado interno’ el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos “coordina permanentemente con el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) todas las acciones relacionadas con las personas privadas de libertad LGBTI+ (sic)”.

Sin embargo, hechos anteriores demuestran un abandono del Estado a las mujeres trans privadas de la libertad, como el caso de Helen Maldonado, asesinada en una masacre carcelaria en 2021, o Mónica, herida durante enfrentamientos de bandas narcodelictivas en el centro penitenciario de Latacunga en 2022.

P. Ha señalado la transfobia en la Policía. ¿Hay entonces un perfilamiento hacia mujeres trans desde la institución? ¿Son fácilmente sospechosas para la Policía?

R. Es que llevamos una etiqueta. La sociedad civil nos ha puesto en lo último de un tejido social y con una etiqueta de borrachas, malcriadas, ladronas, drogadictas, traficantes. Somos todo lo malo. Desde que un policía te coge y dice ‘ah, ha sido maricón’, ni siquiera te pregunta, te pone las esposas. Aunque la culpa la tenga otro, la pagamos nosotras.