03 Feb Un año sin justicia para Rick
El 1 de febrero se cumplió un año del fallecimiento de Rick, un adolescente de 16 años que se suicidó tras haber sido víctima de bullying homofóbico en el colegio que estudiaba. Por este caso, se abrieron dos procesos, pero uno fue archivado y otro sigue en investigación.
VICTOR H. CARREÑO
Tras un año del fallecimiento de su hijo, Roxana Ramos sigue buscando justicia. Ella señala al colegio público en el que Rick estudiaba como responsable de su suicidio el 1 de febrero de 2025, pues —según denuncia— fue víctima de acoso escolar y de hostigamiento por su orientación sexual.
En este tiempo, presentó una demanda ante el Ministerio de Educación que fue archivada, y la Fiscalía inició una investigación que — relata— avanza lentamente.
Roxana confiesa que en ocasiones se siente impotente, pero a la vez señala que “resistir es parte también de hacer justicia”.
El proceso ante el ministerio fue por maltrato psicológico contra una docente que, en plena clase, lo llamaba “el homosexual”, pero la instancia encargada del sumario administrativo lo archivó el 23 de junio porque no se comprobó la violencia y hostigamiento de la profesora contra Rick.
Roxana y su defensa legal presentaron un recurso de apelación el 8 de julio. Tras más de un mes sin una resolución, se solicitó al ministerio, el 22 de agosto, que declare el silencio administrativo, una figura contemplada en el Código Orgánico Administrativo que se activa si un reclamo o pedido no es atendido en el plazo de 30 días. Con esta figura, la decisión de una institución es a favor de la persona que presentó el recurso.
Sin embargo, el Ministerio de Educación respondió, el 1 de septiembre, que no se pronunció en su momento porque la petición no fue dirigida a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos (instancia que se encargó del proceso). Además, que el recurso de apelación fue presentado fuera del plazo legal de 10 días.
Con esto, el proceso ante el Ministerio de Educación quedó completamente cerrado, sin oportunidad para más recursos, pero Roxana anuncia que presentará una acción de protección, garantía constitucional que se interpone cuando existe una vulneración de derechos.
“Tenemos para reclamar al Estado por todas estas vulneraciones de derechos. No solo de mi hijo; yo también soy víctima, víctima de este sistema educativo porque lo mínimo que pedimos como padres es que nos entreguen a nuestros hijos igual como los enviamos (al colegio), no con discriminación o problemas de autoestima. Lo mínimo que pedimos es que no les dañen la vida a nuestros hijos. Si uno confía en el Estado es para eso, ¿no?”, señala Roxana.
El caso de Rick no es aislado en el sistema educativo. Una investigación de edición cientonce publicada en junio de 2025 reveló cómo no se aplican los protocolos para los casos de violencia por orientación sexual e identidad de género en las aulas.
En Fiscalía, la investigación inició por oficio tras el levantamiento del cuerpo el 1 de febrero de 2025. En este proceso, Roxana busca que se incorporen elementos que configuran delito de odio, hostigamiento e instigación al suicidio.
Ella ha acudido en dos ocasiones a dar su versión. La primera, el 25 de febrero de 2025, en menos de un mes de la muerte de su hijo. La última fue el pasado 28 de enero, día en que solicitó que se sumen más pruebas.
Según explica Roxana, queda un año más para la fase de investigación previa en Fiscalía. Ella confía en que el caso de su hijo marcará un precedente en el país.
“Las luchas no son fáciles, pero en un momento se va a abrir esa puerta que he esperado”, comenta Roxana.
