04 May Familia de Deyran denuncia negligencias en investigaciones
La madre y padre de la víctima de asesinato señalan que desde el levantamiento del cuerpo hubo omisiones. No descartan presentar una demanda por responsabilidad administrativa
TEXTO: EDICIÓN CIENTONCE
FOTOS: CORTESÍA DE ASAMBLEA ABIERTA RUNA DE IBARRA Y FAMILIA DE DEYRAN
La familia de Deyran Palacios, adolescente afrodescendiente de 15 años que fue víctima de tortura y asesinato en febrero pasado en Ibarra, denuncia que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) de la Policía Nacional ha cometido una serie de negligencias que impidió pericias clave, análisis de evidencias y hasta la captura de los presuntos responsables del crimen.
El cuerpo de Deyran fue encontrado por su familia el 4 de febrero pasado, en la zona del Mirador de Alpachaca, cerca del anillo vial de Ibarra, dos días después de que se reportara su desaparición. familiares y vecinos del barrio se organizaron para buscarlo ante la inacción de la Policía.
El caso generó conmoción en la ciudad debido a que el cuerpo fue encontrado con signos de tortura extrema. Deyran era parte de la población LGBTIQ+ y organizaciones que trabajan por los derechos de personas de las diversidades sexo genéricas exigieron a las autoridades tomar las acciones necesarias para encontrar a los culpables del asesinato.
Todas las organizaciones reportaron el caso como un transfemicidio. Su familia no señala directamente que Deyran era una adolescente trans. Sin embargo, su madre, Evelyn Chalá, indicó que Deyran, desde los dos años, jugaba con muñecas y le gustaba pintarse las uñas. “A escondidas a veces usaba faldas y vestidos, y sentía que había nacido en un cuerpo equivocado”.
Además, en videos que circulaban en la red social TikTok, Deyran lucía extensiones, tops y uñas pintadas.
Su familia apoyó el descubrimiento de su identidad e incluso reportó al colegio en el cual estudiaba que estaba siendo víctima de acoso escolar.
Por las negligencias en el caso, la familia de Deyran no descarta presentar una demanda por responsabilidad administrativa en contra del agente de la Dinased de la zona 1 de la Policía Nacional.
Según la abogada de la familia, Silviana Tinajero, hubo “violencia institucional y negligencia” por parte del agente policial que se encargó de la localización y posterior levantamiento de los restos humanos del adolescente.
La violencia institucional es toda acción u omisión de organismos del Estado que interfieren en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas. Amnistía Internacional agrega que este tipo de violencia también consiste en “prácticas estructurales de violación de derechos” por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, así como otros funcionarios de otras áreas o entidades del Estado.
Tinajero aclaró que el caso de Deyran Palacios tiene un tratamiento distinto en relación a otro proceso de asesinato, que ocurrió recientemente en la misma ciudad, y que también es investigado por las autoridades.
“El tratamiento institucional o del Estado, cuando la víctima es negra, homosexual, o por ser vulnerable ante la falta de recursos económicos, frente a otros procesos en los que por ser familiares de personas políticas, blancos o de estrato social más alto, es diferente. Vemos cómo se ha movido la Policía Nacional y la Fiscalía. Esa diferenciación debe establecerse, más que con un llamado de atención, con sanciones a las personas que no actuaron conforme a sus funciones», dijo a una radio local de Ibarra el 23 de marzo pasado.
Retrasos e incumplimiento de protocolos
Franklin Palacios, padre de Deyran, contó que la falta de celeridad por parte de la Policía Nacional motivó a que su familia y algunos vecinos del barrio se organicen en grupos para buscar a Deyran, tras su desaparición reportada el 2 de febrero.
Cuando encontraron sus restos humanos, entre pencos y vegetación cerca del lugar donde ocurrió el asesinato, en el barrio Mirador de Alpachaca, llamaron a las autoridades, pero estos “demoraron más de dos horas en llegar”, aseguró.
La familia de Deyran reside hace más de 15 años en el barrio Mirador de Alpachaca, de la parroquia urbana Guayaquil de Alpachaca, sector con condiciones de extrema pobreza, racismo y exclusión.
En los alrededores del Mirador de Alpachaca y los otros 22 barrios que pertenecen a la parroquia se observan calles empedradas y otras, adoquinadas; viviendas sin enlucir o sin acabados finales; esto pese a que en 2020 se inauguró el tramo norte del anillo vial que cruza a esta zona, y que según sus autoridades significaba una “obra primordial” para mejorar la vida de las personas que habitan el sector y de la ciudad.
Una vez que los efectivos llegaron al sector -denuncia la familia- no cercaron el perímetro ni procedieron con los protocolos respectivos para el levantamiento de cadáveres. “Me pidieron una sábana para cubrir el cuerpo de mi hijo, no pusieron la cinta para acordonar el espacio y lo subieron a una camioneta que no era la de medicina legal, tampoco usaron guantes”, afirmó Evelyn Chalá.
De acuerdo al Protocolo Integral para la Gestión de Cadáveres y Restos Humanos de Interés Forense, publicado en el 2022 por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ecuador, ante la alerta o reporte de presencia de cadáveres, la actividad forense inicia con la recepción de llamadas o notificaciones de la existencia de un cadáver o restos humanos, el arribo al lugar e intervenciones en caso de que un hecho delictivo se cometa en flagrancia.
Adicionalmente, el protocolo menciona que cuando las autoridades arriben al lugar desde donde se recibió la alerta o la llamada y se trate de un hecho ya consumado, se procede la valoración del lugar a intervenir, atención a víctimas y/o lesionados, y se debe proteger el lugar que se intervendrá, sobre todo si es un espacio abierto o descubierto, con el acordonamiento con cita de aislamiento, patrulleros, funcionarios policiales, conos u otros elementos que restrinja su acceso.
Tinajero aclaró que al revisar el caso se evidenció que el agente policial encargado de esta fase “no dispuso la utilización de pruebas luminiscentes” en el lugar donde se encontró a Deyran, por lo que es posible que se hayan borrado los rastros de fluidos corporales y biológicos a causa de las lluvias de esos días.
Evelyn Chalá agregó que siete días después de que su propia familia encontrara a Deyran, recorrió con su esposo la zona y encontraron rastros de sangre, su ropa y mochila. Llamaron al agente de la Dinased para que recoja las pruebas, pero la respuesta que obtuvieron es que esos elementos “ya no sirven de evidencia”, pese a que el mismo protocolo establece que las autoridades están obligadas a recolectar todos los indicios o elementos materiales probatorios para que no se pierdan o contaminen por factores externos.
Supuestos implicados quedaron en libertad
La serie de negligencias o omisiones del servidor policial continuó cuando la familia de Deyran también localizó, el mismo día que hallaron el cuerpo, a las tres personas supuestamente implicadas en la tortura y asesinato.
Franklin Palacios explica que con su familia llevó a los presuntos asesinos a la Comandancia de la Policía Nacional. Las autoridades recogieron solo la versión libre y voluntaria, dentro de la investigación previa, de la que sería testigo principal del asesinato, ya que las otras dos personas se acogieron al silencio.
Los detalles del testimonio de una de las personas que presenció el hecho violento no fueron suficientes para que las tres personas implicadas en el caso, incluida la testigo, quedaran aprehendidas, pese a que dos de ellas -denuncia la familia- se culpaban entre sí del asesinato. Esa misma noche, todas las personas involucradas en el caso quedaron en libertad por decisión de las autoridades al no encontrar elementos probatorios en flagrancia del crimen.
Actualmente, se desconoce el paradero de las tres personas, pese a que en días posteriores a su liberación algunos moradores vieron -señala Evelyn Chalá- a una de las personas en otra zona de Ibarra. Esto fue alertado al agente de la Dinased que en ese momento estaba a cargo del caso, pero éste pidió varias veces a la familia que si ven a las personas implicadas en el crimen los lleven a la comandancia.
“Esto también se configura como revictimización en contra de la familia”, aseguró la abogada de la familia
Por ahora, las boletas de detención con fines investigativos y formulación de cargos en contra de las tres personas, que presuntamente asesinaron a Deyran, no han sido emitidas por las autoridades competentes.
Restos fueron exhumados para nuevos análisis
Los restos de Deyran Palacios fueron exhumados el pasado 13 de marzo, confirmó el padre, Franklin Palacios. La exhumación fue solicitada por la familia de Deyran para continuar con el caso. El proceso se realizó en el Centro de Investigación de Ciencias Forenses (CICF), ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La abogada de la familia confirmó que aún no recibe los resultados de la exhumación, pero espera que estos identifiquen, con mayor exactitud, la causa del deceso.
El primer informe de la autopsia médico legal realizado en febrero pasado estableció que las causas de la muerte eran “indeterminadas”, debido al estado de descomposición en el que se encontró el cadáver; no obstante, el documento sí describe que sobre el cuerpo de Deyran “sí se evidenciaron lesiones en el lado derecho de su cabeza, golpes en el abdomen, moretones y raspaduras”. Según la autopsia, Deyran fue “asesinado el 2 de febrero”, fecha en la que se registra su desaparición.
Asimismo, frente a las denuncias de la familia y colectivos de derechos humanos sobre un posible abuso sexual en contra de Deyran, la abogada de la familia, Silviana Tinajero, también solicitó que se realicen otros análisis biológicos sobre las piezas dentales y uñas del adolescente, y un hisopado anal para determinar la presencia de tejidos que confirmarían el abuso sexual.
NOTA: La familia de Deyran Palacios atraviesa un momento de profundo dolor. Necesitan de la solidaridad de colectivos, organizaciones sociales y ciudadanía para pagar la lápida para su nicho y así honrar su memoria.
A quienes quieran sumarse con un aporte, los datos bancarios son:
Banco Pichincha
Cuenta de ahorro transaccional
# 2212577893
Sheyla Tais Chuga Chalá
