31 Jul Un movimiento que obstruye los derechos para las infancias LGBTIQ+ en nombre de la niñez en Colombia
Figuras conservadoras de la política y algunos entornos escolares obstruyen derechos básicos de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas. Sus estrategias discursivas apelan a la “defensa de la niñez” combinada con desinformación
NATALIA GONZÁLEZ-GIL, LAS ANDARIEGAS
Luna tenía cinco años y guardaba su cabello cortado en el bolsillo del pantalón. Había sido obligada a raparse por presiones de su colegio, según nos contó su madre Rocío. La niña se negaba a hablar desde el día en que salió de la peluquería. En la sala de su casa, Luna rompió el silencio: “Mami, si yo no puedo ser una niña, mejor me muero”. Ella se presenta como “una niña trans, referente de las infancias trans”. Hoy tiene doce años y vive en Bogotá, Colombia.
En la tarde del sábado 17 de junio de 2023, Luna se preparaba para una presentación artística de la marcha LGBTIQ+ en la región sur de la ciudad. Tenía un vestido largo con los colores de la bandera trans y un cinturón con patrones de jaguar. En la casa Sebastián Romero, un centro de atención público a la diversidad sexual, su hermano Juan le acomodaba el cabello marrón, largo y liso. Mientras Luna caminaba, activistas LGBTIQ+ de la ciudad la saludaban con entusiasmo: “Luz de mi vida, ¡Lunita!”.
Su madre Rocío le ayudaba a vestirse y a bajar el nivel de timidez frente a la presentación. En los primeros años de su vida escolar, Luna fue víctima de agresiones y violencias ejercidas por profesores, directivas y acudientes. La principal causa: reconocer su identidad y expresión de género.
Discursos de odio en el ámbito escolar
Una ley contra la intimidación escolar promulgada en 2013, es precedente en la garantía de los derechos de los jóvenes en los colegios colombianos. Si bien no está dirigida especialmente a disidencias sexo-género, sí es la primera en enfrentar directamente el acoso y reconocer a estudiantes como sujetos de derechos sexuales y reproductivos. Aunque con esta ley todos los colegios tenían que actualizar sus manuales de convivencia escolar antes de 2014, algunos de ellos solo cambiaron palabras sin hacer cambios significativos.
Y, este fue el caso del Gimnasio Castillo Campestre, donde, en 2014, ocurrió uno de los casos más conocidos de acoso escolar hacia un estudiante gay en Colombia: Sergio Urrego. En su colegio le impidieron la relación sentimental que sostenía con otro estudiante, lo expusieron públicamente, persiguieron, matonearon e hicieron que los acudientes de su novio le denunciaran por “acoso”. Ese mismo año, Sergio se quitó la vida por cuenta de estas discriminaciones.
Después de la muerte del joven, Alba Lucía Reyes, su madre, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional para aportar a que el caso de su hijo no se repitiera. Como respuesta, en 2015, la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia en la que ordenó al Ministerio de Educación de Colombia la revisión de todos los manuales de convivencia del país, esta vez para conseguir que estos respetaran explícitamente la orientación sexual y la identidad de género de integrantes de la comunidad escolar.
Desinformación y revisión de manuales escolares
La preocupación del Ministerio de Educación de Colombia por incluir temas relacionados con la diversidad en la identidad de género se manifestó por primera vez en 2016, en la construcción de la cartilla de ambientes escolares libres de discriminación. Este fue un documento producto de un convenio del Ministerio de Educación (MEN) y la ONU que nunca llegó a ser aprobado por el Gobierno colombiano.
En 2016, como respuesta a la orden de la Corte Constitucional por el caso de Sergio Urrego, el MEN envió a los colegios un documento con preguntas orientadoras. Con esta guía, las instituciones educativas debían autoevaluar y modificar autónomamente sus manuales para garantizar la no discriminación.
Sectores conservadores difundieron contenido falso alrededor de estos intentos del MEN por garantizar derechos a la juventud LGBTIQ+. Se hicieron virales publicaciones de comics de porno gay con información falsa donde se afirmaba que estos comics eran los documentos y cartillas repartidas por el ministerio colombiano.
Políticos como la entonces diputada de la región de Santander, Ángela Hernández, emprendieron una campaña contra la revisión de los manuales escolares. La conservadora Hernández dijo que el ministerio colombiano estaba estimulando una colonización homosexual de los colegios. Marco Fidel Ramírez, para ese momento concejal evangélico de Bogotá, impulsó marchas a nivel nacional para que “los niños no fueran confundidos con la ideología de género”.
Esta campaña de desinformación ocurrió en 2016, en el contexto del voto del plebiscito que refrendaba los Acuerdos de Paz en Colombia; allí la polarización social y política con relación a la diversidad de género se agudizó. La batalla electoral de este plebiscito fue una medición de fuerza política de la derecha colombiana y sectores ultrareligiosos que abanderaban el voto por no refrendar los acuerdos argumentando una lucha contra la “ideología de género».
“Al parecer los Acuerdos de la Habana se escribieron con las mismas manos, tinta y papel con las que se escribieron las tales cartillas de ambientes escolares”, sostuvo Hernández en su página de Facebook. Otro ejemplo es el trino de Ramírez sobre el fracaso del sí: “Colombia votó NO a infame acuerdo final con Farc. Evangélicos exigimos un nuevo acuerdo sin corruptora ideología de género”.
José Fernando Serrano Amaya, investigador de la Universidad de Sydney, sostuvo en este artículo que “entre agosto y noviembre de 2016, el término ‘ideología de género’ estuvo en el centro de debates fundamentales en la historia reciente de Colombia”. Para el investigador, si bien no se puede establecer una relación causal directa entre el triunfo del no en el plebiscito y la aparición de este término en la agenda pública, este tema fue definitivamente relevante para la toma de decisiones de la ciudadanía colombiana.
Otros especialistas, como Marcela Sánchez Buitrago, directora ejecutiva de Colombia Diversa, entienden la ideología de género como una estrategia de manipulación para alcanzar victorias electorales. Sin embargo, investigadores como Serrano Amaya prefieren entender el uso de la ideología de género en el plebiscito de 2016 no como simple manipulación de masas durante periodos electorales, sino como un instrumento de control político que instaló en Colombia procesos globales en contra de los avances de equidad de género y derechos LGBTIQ+.
Es decir, bajo una perspectiva, el concepto e instrumento de la “ideología de género” es usado en momentos electorales específicos para conseguir votos; desde otra perspectiva, este concepto no responde solo a oportunismo político, también es una adaptación de largo aliento —no solo coyuntural— de procesos que se están dando alrededor del mundo desde los cuales ciertos sectores ejercen control sobre gobiernos y políticas diferentes a las suyas.
Una situación que ejemplifica el uso de la “ideología de género” como instrumento de control político es la cumbre que realizaron líderes religiosos, diez días después de que ganara el no. Allí, una de las ocho exigencias que crearon para ajustar los acuerdos se refería al episodio de las cartillas de ambientes escolares del MEN y la ONU. Este grupo enfatizaba en el “derecho a educar a los hijos” autonomía de los colegios y “los padres” para enseñar según sus propios principios.
Derechos en disputa y agresiones a personas LGBTIQ+ en colegios
Un año después de la campaña antigénero del plebiscito por la paz, y según cuenta la madre de Luna, en el Liceo Damfus de Bogotá, una profesora le dijo: “usted tuvo un varón y hay que criarlo como varón, si no lo hace es pecado. Metamos al niño a una cadena de oración”.
El año escolar de Luna llegaba a su fin. Ese día ella lucía un vestido hermoso. Rocío cuenta que al correr se cayó y la misma profesora acudió a ayudarla hasta que se dió cuenta que era Luna. “¡Ay, es Diego! ¿Y qué hace con vestido? ¡Dios mío!”. Y la dejó caer de nuevo al piso. Su madre acudió a la rectoría del colegio para denunciar las agresiones a Luna; sin embargo, según cuenta ella, la directora le dijo: “Usted es quien tiene que buscar ayuda, la profesora es una persona excelente, ella es cristiana”.
En Colombia, la libertad de cátedra o enseñanza de las instituciones —y en general de todas las personas que realicen una actividad docente— es un derecho. Las instituciones y docentes tienen la libertad de presentar contenidos, programas y evaluaciones, según su criterio. Aunque existen lineamientos curriculares del Ministerio de Educación colombiano, éstos son solo orientaciones y no ordenamientos. En Colombia, los colegios de todas las orillas tienen la autonomía de elegir qué se enseña y cómo hacerlo.
Bajo esa autonomía, algunos colegios colombianos han decidido pasar por alto las rutas y orientaciones de las instituciones de regulación educativa para garantizar los derechos básicos de las infancias trans y diversas. En el caso de Luna, según contó su madre, la Secretaría de Educación de Bogotá, orientó al liceo para garantizar sus derechos fundamentales explicando que debían reconocer sus pronombres femeninos y no reprimir su identidad de género. Rocío asegura que el colegio se negó, prohibió a sus hermanes nombrarla como Luna dentro de la institución y propuso una votación de toda la comunidad escolar sobre si estaban de acuerdo con que la niña realizara su tránsito. Se contactó al Liceo mencionado para preguntarles sobre sus acciones frente a las identidades de género diversas en sus estudiantes, pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.
Si bien la libertad de enseñanza en Colombia es un derecho, tiene limitaciones originadas cuando esta libertad choca con derechos fundamentales. Esto significa que la autonomía de los colegios no se puede ejercer sobre otros principios constitucionales fundamentales. Según el relato de Rocío, a Luna el colegio le impidió presuntamente el derecho a circular libremente, a la libertad personal y de expresión y a la no discriminación, entre muchos otros.
Cuando Rocío pidió la garantía de los derechos fundamentales a la libre expresión de Luna, la respuesta del colegio, según ella cuenta, fue que la identidad de género de la niña era la que vulneraba los derechos de los demás niños y acudientes de sus compañeros. Uno de los argumentos contra la “ideología de género” usados por figuras políticas, conservadoras y religiosas es que cuando el Estado exige respeto por las orientaciones e identidades diversas está vulnerando los derechos de padres, instituciones educativas y niños1,2,3.
Luna estudia ahora en un colegio público donde, según cuenta Rocío, no ha sufrido el mismo nivel de agresiones, aunque sigue viviendo acoso y ciberacoso. Hace poco la niña buscaba imágenes suyas en Internet y se encontró con un grupo donde comentaban: “Hay que matarla. Hay que matar a la mamá”, “Eso se soluciona con un tiro”, “Tocó mandársela a Dios antes”.
Los ataques a personas trans no son solo simbólicos, también llegan a homicidios y se miden en estadísticas. De acuerdo a cifras de Colombia Diversa, en 2021 —último dato disponible— se registraron 58 personas trans asesinadas en Colombia, la mayor cifra en tres años. Además, aunque no es posible asegurar una relación casual entre la campaña antigénero en el contexto de los acuerdos de paz de 2016 y los asesinatos de personas LGBTIQ+, es importante notar que las cifras de estos crímenes ascendieron luego de ese año y no han bajado desde entonces.
Activismos y centros de atención a la diversidad
La historia de Luna y de la garantía de derechos de las personas trans en Colombia no termina en la victimización. Rocío encontró ayuda en uno de los dos Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género (CAIDSG) donde le garantizaron atención psicológica a la niña, remitieron su caso al Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y realizaron conexiones con instituciones públicas.
Los CAIDSG son espacios financiados por la Alcaldía de Bogotá para fortalecer ejercicios de garantía de derechos de las diversidades sexo-género. Aunque son espacios institucionales, nacieron después de varios años de trabajo de activismos LGBTIQ+. Según Juli Rosero, Consejera Consultiva para Mujeres Lesbianas y Bisexuales del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, “son los movimientos y activismos LGBTIQ+ quienes han impulsado la creación de instituciones, entidades y de distintas instancias (de participación) para la garantía de sus propios derechos. Después de creadas, esas instituciones favorecen muchas herramientas y estrategias en la misma línea de la garantía de derechos”.
A punto de cumplir los 12 años, Luna hoy hace parte de activistas LGBTIQ+ de Bogotá que desde frentes artísticos, políticos o educativos defienden los derechos de personas trans y otras disidencias sexo-género. Rocío también es activista: coordina el grupo “Familia” del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y trabaja con la Secretaría de Seguridad de Bogotá en una estrategia que monitorea el cumplimiento de los derechos LGBTIQ+.
Al término de la entrevista y de contar su historia, Luna quiso dejar un mensaje: “Que los niños como yo se acepten a sí mismos, que sean fuertes, que no se moldeen por caerles bien a los demás. Y, para los papás: que acepten y no moldeen a sus hijos para mostrarles a las demás personas lo que no son, no los críen de la misma manera que los criaron a ellos, sean cariñosos y no los maltraten”.
Esta es una investigación periodística transfronteriza realizada por los medios digitales AzMina, MANIFIESTA, Andariegas y Edición Cientonce, gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
