31 Jul El movimiento antigénero se filtra en decisiones políticas en Ecuador

Las organizaciones antiderechos han logrado articularse con sectores políticos para incidir en leyes en Ecuador. Las nuevas estrategias incluyen desinformación y discursos seculares para defender sus posturas

VICTOR H. CARREÑO, EDICIÓN CIENTONCE

Karlina Quiroz vestía una camiseta, pantalón deportivo y zapatillas. Apenas había salido de casa para ir a hacer compras en la tienda. “Hola, Karlina”, le dijo una voz conocida. Era Miguel, un ex vecino de su antiguo barrio. Junto a él había otros dos hombres que la obligaron a subir a un auto. La esposaron. Uno le apretó el cuello. “¡¿Qué les pasa?!”, gritó Karlina. “Venimos por orden de tu hermano”, respondió su ex vecino.

Ese 23 de julio de 2021 internaron a Karlina en Entrenados Para Ser Libres, un centro que ofrece supuestas terapias para revertir la orientación sexual o identidad de género. Karlina es una mujer trans de 54 años y chef de cocina en la ciudad de Chone, la tercera más poblada de Manabí, una provincia costera de Ecuador históricamente marcada por la masculinidad hegemónica, con marcados comportamientos machistas.

Entrenados Para Ser Libres tiene más de 2 mil seguidores en su página de Facebook donde se describe como un “centro de recursos para el tratamiento de adicciones”. En un video publicado en julio del 2020 dice: “Nosotros te ayudamos con tus problemas de adicción y trastornos de conducta. ¡Ven y sé parte de nuestra familia!”. Los servicios de supuesta conversión de orientación sexual e identidad de género se divulgan con sigilo: boca a boca o por contacto privado en redes. Edición Cientonce contactó al mencionado centro para que responda a la denuncia de Karlina Quiroz, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Durante la internación, Karlina recibió tratos degradantes. “Aquí se te va a quitar la mariconada”, le dijeron la mañana que la llevaron. “Me obligaron a bañarme a la vista de todos. Me hicieron desnudar, me dijeron que me abriera la nalga, que me pusiera en cuatro. Había como 10 hombres en ese cuarto”, relata. De allí, Karlina salió en menos de 24 horas porque su prima (a quien llama “hermana de corazón”) fue a rescatarla. No era la primera vez que estaba en un centro de esas características. En octubre de 2019, Karlina sufrió de la misma manera, pero en otro centro y durante tres meses. En esa ocasión intentó suicidarse.

Los intentos por eliminar las terapias de conversión

En 2020, a medida que Ecuador avanzaba en derechos de mujeres, de personas LGBTIQ+ y prohibía expresamente este tipo de terapias en el Código Orgánico de Salud, grupos antiderechos se organizaron para oponerse. “Esa disposición permitía al Ministerio de Salud clausurar los centros y las víctimas podían iniciar procesos legales contra los responsables”, explica la activista Diane Rodríguez, directora de la Federación Nacional LGBT+ de Ecuador.

El Código de Salud nunca entró en vigencia. Fue aprobado por la Asamblea Nacional el 25 de agosto de 2020 y vetado en su totalidad un mes más tarde por el ex presidente Lenín Moreno debido a la presión de los grupos antiderechos. “Ahí hubo intereses de alguien de esas clínicas, que son usadas para que muchísima gente siga encerrada”, comenta Karlina.

En Ecuador, las denominadas clínicas de conversión actúan de manera clandestina, según la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), organismo estatal que controla a las instalaciones de salud en el país. Lo hacen bajo la figura legal de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas.

Las terapias de conversión están prohibidas en los centros de adicciones desde 2012, pero ACESS poco y nada puede hacer dado que la legislación actual no contempla la clausura de estos lugares. “No hay cómo establecer si los centros ofrecen estas mal llamadas terapias de conversión. Cuando se las clausura, es porque no tienen permisos o les falta un papelito, pero no por la actividad”, explica la activista Diane Rodríguez.

Una campaña para negar derechos

Organizaciones autodenominadas “provida” como el Frente Nacional por la Familia, Familia Ecuador, Ecuador Provida y Movimiento Libres iniciaron acciones en redes sociales y movilizaciones para pedir el veto del Código de Salud. En Twitter divulgaron información falsa alegando que la nueva ley abría las puertas a la legalización del aborto y al cambio de sexo en menores de edad. Pero no era esto lo que el Código decía.

El hashtag #VetoCOS fue el que más circuló en Twitter contra el Código de Salud. El ex legislador Esteban Torres, uno de los principales políticos que abanderó la ofensiva antiderechos en la Asamblea entre 2018 y 2023, posteó un video pidiendo el veto a la ley. “Sus disposiciones reflejan las peores incidencias del estatismo, la ideología de género, el abortismo y la libertad sexual para menores de edad”. Recibió más de 900 retuits. 

Acciones de incidencia pública también avanzaron. Las organizaciones Ecuador Provida y Frente Nacional por la Familia iniciaron una recolección de firmas contra el Código de Salud y pedían siete puntos; uno de ellos validaba a las terapias de conversión llamándolas “terapias profesionales”.

Los patrones narrativos que permearon los mensajes antiderechos en redes sociales mantuvieron un mismo eje: la defensa de niñas y niños ante un supuesto adoctrinamiento y la defensa de la vida desde la concepción. Estos mismos patrones fueron usados en acciones digitales y movilizaciones entre 2013 y 2019 para oponerse a iniciativas pro derechos como: la ley que reconoce la identidad de personas trans en documentos de identificación, el proyecto de Ley de Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, la legalización del aborto por violación y, por último, el matrimonio entre personas del mismo sexo. “Sus mensajes han apelado a un lenguaje sensacionalista y han generado pánico”, explica Joseph Salazar, investigador y académico en entrevista para este reportaje.

En redes sociales, principalmente en twitter, Familia Ecuador, una de las organizaciones que se opuso al Código de Salud, ha usado más de 500 veces la palabra “vida”, según un análisis de datos de su cuenta en esta red social. De un universo superior a 2.700 tuits, alrededor del 60% está relacionado a temas de género y se advierte el apoyo de parte de la clase política a esas organizaciones. Los nombres que más han circulado en las redes de Familia Ecuador fueron: Esteban Torres, Héctor Yépez y Lourdes Cuesta. Todos ex legisladores. “Han logrado articularse con sectores políticos para incidir en la política pública y leyes”, explica Salazar.

En una investigación de María Amelia Viteri, catedrática y autora de Políticas Antigénero en América Latina: Ecuador, se exponen casos de cómo los grupos antiderechos han logrado cambios en leyes o decretos. Por ejemplo, el proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres fue aprobado en 2018 con el nombre Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se eliminó la palabra género tras la presión de las agrupaciones en redes sociales y movilizaciones en las calles. 

Otra conquista de los grupos antiderechos fue cuando la Asamblea, en septiembre de 2019, negó la legalización del aborto por violación en el Código Penal, pero en abril de 2021 la Corte Constitucional lo despenalizó.

De la condena religiosa a los argumentos seculares

Para tratar de incidir en decisiones políticas, las estrategias discursivas de los grupos antiderechos han recurrido desde 2013 a “argumentos seculares, incluso ‘científicos’ para defender sus proposiciones”, indica Viteri en su investigación. Han dejado atrás frases como “abortar es pecado” o “Dios creó hombre y mujer”, y pasaron a posturas con las que intentan mostrarse como especialistas. “Antes el discurso antigénero salía de las iglesias, ahora hay un intento de profesionalizarlo, utilizando mecanismos del derecho para impulsar su agenda”, explica Salazar.

Con esta narrativa más secular, Mamela Fiallo, una de las figuras antigénero más visibles de la sociedad civil, sostiene sus mensajes en redes sociales o intervenciones públicas. Participó en la Comisión General ante el pleno de la Asamblea Nacional cuando se discutió la Ley de Aborto por Violación. “Ecuador es firmante del Pacto de San José que tiene jerarquía constitucional. Allí establece tres hechos fundamentales que invalidan este proyecto de ley: determina que la vida es un derecho desde la concepción; prohibe la pena de muerte, en particular a los menores de edad; y no permite trasladar culpas”, dijo Fiallo en su intervención ante la Asamblea en diciembre de 2021.

Fiallo tiene más de 73.000 seguidores en Twitter. Desde agosto de 2013, el hashtag más usado en su cuenta ha sido #LeyAbortistaNo, con más de 240 tuits, según un análisis a su red social. De más de sus 23.000 tuits, el 34% está relacionado a temas de género. La persona a quien más ha mencionado es al argentino Agustín Laje, un conferencista conservador y autor de El libro negro de la nueva izquierda. 

Como Fiallo, hay otras voceras como Cristina Franco y Cristina Valverde, quienes se presentan como abogadas, y Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador. En junio pasado, Villafuerte participó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos como parte de la delegación latinoamericana de observación. En el sitio web de Familia Ecuador, Villafuerte se presenta como especialista en comunicación estratégica y con estudios en bioética en temas de aborto.

Vulnerables a la violencia

Pese a una narrativa secular, los discursos no dejan de ser violentos. Fiallo y Villafuerte han sostenido públicamente que las mujeres trans no son mujeres bajo argumentos biologicistas. Para el activista Danilo Manzano, director de la organización Diálogo Diverso, las acciones de grupos autodenominados provida son premeditadas y generan un rechazo a las diversidades sexogenéricas.

En Ecuador, mujeres trans como Karlina son las más vulnerables. En 2022, se reportaron 25 asesinatos de personas LGBTIQ+; 17 fueron mujeres trans, según el informe Runa Sipiy elaborado por la Asociación Silueta X. Este es uno de los pocos datos sobre violencia contra personas de las diversidades, pues la Fiscalía General del Estado no tiene registros segregados por identidad de género y orientación sexual.

La Justicia es lenta y más aún en el campo de los derechos de personas LGBTIQ+. Karlina ingresó una denuncia por delito de odio en agosto de 2021 contra su hermano Iván y solo dos años más tarde, el 20 de junio de 2023, la Fiscalía formuló cargos contra él.

Para Karlina hay una lucha que ya ganó: se enfrentó a su propia familia y a la transfobia. “Ya no callé más, denuncié, aún a costa de mi vida. Hoy estoy, mañana no puedo estar, pero me voy con el gusto de que no he permitido que me sigan atropellando, ni a mí ni a otras”.

Esta es una investigación periodística transfronteriza realizada por los medios digitales AzMina, MANIFIESTA, Andariegas y Edición Cientonce, gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).