23 Jun Guayaquil: Municipio niega permiso para marcha del Orgullo; colectivos recurren a justicia
El gobierno local justificó que el impacto en el tránsito vehicular impide el desarrollo de la movilización en las dos principales avenidas de la ciudad y propuso que la marcha se desarrolle en el Parque Samanes. El comité organizador del Orgullo Guayaquil presentó una acción de protección
VICTOR H. CARREÑO
El Municipio de Guayaquil negó el pedido del comité del Orgullo para que la marcha prevista para el próximo 1 de julio se desarrolle en el centro de la ciudad y las organizaciones LGBTIQ+ acudieron a la justicia para revertir la decisión.
Desde 2009, la marcha del Orgullo se ha realizado en las avenidas Malecón y 9 de Octubre, las principales vías de Guayaquil. Ese año, fue la segunda marcha en la ciudad. La primera fue en el norte de la urbe.
La Alcaldía negó el pedido por el “gran impacto que genera al tránsito vehicular” el recorrido de la marcha, detalló en un oficio la Jefa de Ocupación de la Vía Pública, María Belén Zambrano, suscrito el 15 de junio, pero divulgado por el comité Orgullo Guayaquil el miércoles 21 de junio.
En la misma carta, la funcionaria sugirió que la marcha se desarrolle en una avenida que colinda con el Parque Samanes, una zona periférica de la ciudad con escasa circulación peatonal y poco movimiento vehicular.
El mismo día miércoles, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a través de un video en su cuentos de Twitter, ratificó la decisión del Municipio porque “el centro de Guayaquil no puede estar bloqueado de dos de la tarde a doce y pico de la noche un sábado” y “debe primar el orden en la ciudad”.
Al día siguiente, declaró a medios de comunicación que si las personas acuden al centro para la marcha del Orgullo “van a estar faltándole el respeto a la autoridad y faltándole el respeto a la ciudad”, pero anticipó que no habrá represión. Álvarez inició sus funciones como alcalde en mayo pasado; llegó a la Alcaldía por el movimiento Revolución Ciudadana, que se autonodemina como progresista, pero algunos de sus representantes han mostrado posiciones conservadoras.
El comité Orgullo Guayaquil indicó en un comunicado que en la decisión del Municipio hay “claras evidencias que se trata de una actuación no solo discriminatoria, sino homo-les-trans-odiante”.
Además, que la intención de desplazar la marcha a otro lugar desconoce lo emblemático e icónico que es para las luchas sociales la avenida 9 de Octubre. En esta vía se concentran marchas anuales como las del Día de la Mujer y Día del Trabajo, y también es el espacio para protestas sociales.
Tras la negativa, el comité anunció en redes sociales que la marcha se mantiene en el centro de la ciudad con el hashtag #MarchamosConOSinPermisos, pero también ha recurrido a la justicia.
El viernes 23 de junio, presentó una acción de protección en que solicita: dejar sin efecto el oficio que niega el pedido para el desarrollo de la marcha en el centro de la ciudad, ordenar la autorización de la solicitud inicial, investigar y sancionar a los funcionarios que tomaron la medida por considerar vulneraron derechos constitucionales y que el Municipio presente disculpas públicas en sus medios digitales.
Un día antes, el estudiante universitario Emilio Sánchez Medina presentó también una acción de protección ante la prohibición del Municipio de que la marcha se cumpla en el centro.
La acción de protección es un recurso contemplado en la Constitución y se presenta cuando existe una vulneración de derechos constitucionales por actos de autoridades.
Instituciones públicas y organizaciones de derechos humanos han coincidido que la decisión del Municipio es contraria a la garantía de derechos. La Defensoría del Pueblo señaló que la Constitución reconoce los derechos de movilización, disfrute pleno de la ciudad y espacios públicos, y libertad de expresión.
Mientras, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, recordó que la marcha del Orgullo reivindica el derecho a “ser, estar y transitar en el espacio público visibilizándose históricamente en lugares de gran concurrencia”.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recordó que el derecho a la manifestación pacífica se encuentra enmarcada en la Constitución de Ecuador, así como en amplios instrumentos regionales e internacionales.
