03 Abr Hoy somos más vulnerables frente a la violencia y el odio
Cualquier medida o política pública (o la falta de ellas) afecta -en distintas maneras- a las personas LGBTIQ+. En el área de seguridad, ha sido evidente la ausencia de garantías y acciones del Estado para prevenir todas las formas de violencia y proteger a la ciudadanía, y las personas de las diversidades sexo genéricas son parte de los grupos más vulnerados.
El año pasado, 25 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Ecuador, según el informe Runa Sipiy. De ellas, 16 fueron mujeres trans, víctimas de transfemicidios o sicariatos.
Hasta marzo pasado, según la organización Silueta X, encargada de elaborar el informe, se reportaron nueve asesinatos. Es decir, un promedio de tres por cada mes.
En este país cada vez más violento para las diversidades, el presidente Guillermo Lasso anunció la noche del pasado sábado, en cadena nacional, que vía decreto se habilitará el porte y tenencia de armas. En este país, donde los crímenes contra las personas LGBTIQ+ quedan generalmente en la impunidad, ahora estamos más vulnerables y más desprotegidxs cuando el Gobierno ha decidido desentenderse de su obligación de precautelar el orden y la seguridad.
Sí, lo estamos, porque el homofóbico que reclama airadamente a una pareja de hombres que deje de besarse en público, puede tener un revólver; o porque el transfóbico que arroja objetos desde su auto a una mujer trans parada en la esquina de una calle puede también tener un arma.
Sí, lo estamos, porque las personas que propagan discursos de odio en redes sociales y que juzgan a quienes somos “pecadores”, “depravados” o “anormales”, hoy pueden ser verdugos con balas en su poder.
Estamos más vulnerables a ataques como los que Ronny narró en enero del año pasado: dos hombres lo agarraron de los brazos, lo arrastraron a un zaguán, lo intentaron violar y, al defenderse, uno de ellos empezó a ahorcarlo. Ronny pudo escapar y contarlo.
O estamos más expuestxs a ser parte de las frías cifras de asesinatos como el caso de Javier Viteri. En mayo de 2020, fue atacado por Hilmar Corozo con 89 puñaladas en un encuentro en el departamento del primero. Ahora, esas puñaladas pueden ser balazos.
Si se trata de cifras, hablemos también de aquellas que para el Estado son inexistentes: los transfemicidios, como los de Karla, asesinada con cinco puñaladas en su casa en enero de 2022, o Keyly, quien fue degollada después de recibir golpes con manoplas el mes pasado.
Son cifras inexistentes porque las investigaciones no avanzan o porque en ellas no se respeta la identidad de género de las víctimas, porque la violencia continúa incluso cuando ellas están muertas y, en muchas ocasiones, sin familiares que las lloren.
En ese abandono, en esa cadena de violencias, mujeres como Karla o Heyly, están más expuestas a la violencia letal, especialmente las que se dedican al trabajo sexual por efectos de la discriminación y exclusión estructural. El 70% de los asesinatos son con armas de fuego y armas blancas, según la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans de Quito.
O también pueden ser más propensas a ser víctimas de sicariatos como Jéssica Martínez, activista por los derechos de las mujeres trans trabajadoras sexuales, quien se había negado a pagar “vacunas” por ocupar una plaza en una calle en la ciudad de Ambato. Encontraron su cuerpo en septiembre del año pasado.
Incluso en los lugares que consideramos seguros podemos ser ahora víctimas. ¿Recuerdan el tiroteo en la discoteca Pulse, en Orlando, Estados Unidos? 49 personas, entre hombres gais, mujeres lesbianas y mujeres trans, fallecieron el 12 de junio de 2016.
El porte de armas nos deja desprotegidxs en un país donde la justicia no ha aplicado la figura de delitos de odio en agresiones o crímenes contra personas de las diversidades. Pese a la saña con que Hilmar Corozo mató a Javier Viteri, el delito fue asesinato con alevosía. Su orientación sexual como móvil para el crimen no importó para la justicia.
En este país violento, en este país que olvida a las personas LGBTIQ+ en políticas públicas o leyes, en este país donde no encontramos justicia, hoy somos más vulnerables porque el agresor -probablemente con dinero e influencias, pues la clase privilegiada es la que accederá a armas- puede ahora pegarnos un tiro.
