23 Nov Una deuda con Helen, una deuda con todas

Para iniciar esta columna, tuve una discusión interna para poder establecer el tema con el que debía comenzar este texto debido a lo que alude. Hay mucho que decir y reflexionar sobre nuestra realidad como personas trans, la historia y los problemas sociales que nos afectan; hay tanto que decir y, muchas veces, el tiempo es corto para todo lo que enfrentamos.

En la noche del 12 y la mañana del 13 de noviembre del presente año se vivió otro capítulo funesto en la historia del Ecuador, al suscitarse una masacre carcelaria que deja -al momento- un aproximado de 68 personas privadas de la libertad asesinadas en la Penitenciaria Litoral, ubicada en Guayaquil. Las imágenes expuestas en medios de comunicación expresan un estado extremadamente grave de la situación carcelaria del país, una falta de garantías para garantizar la seguridad de las personas en privación de libertad que fueron víctimas de asesinatos brutales.

En algunos casos, las víctimas fueron personas que esperaban su proceso judicial o no tenían una sentencia en firme, incluso activistas sociales. En el transcurso de un día vimos los primeros listados de víctimas (debido al estado de los cuerpos, es difícil la tarea de identificación) y pudimos ver que una de ellas era una mujer trans, Helen Brigitte Maldonado Maldonado.

Nuestro país ha cambiado mucho en varios aspectos a partir de la despenalización de la homosexualidad, pero ese avance no ha sido ni uniforme ni material en algunos casos, y en algunos aspectos no ha sido suficiente. El derecho a no ser discriminadas por nuestra identidad de género y orientación sexual, así como la garantía de una vida libre de violencia, y los derechos de las personas privadas de la libertad (quienes además son un grupo prioritario), ya se encuentra en nuestras leyes desde años atrás, pero en la realidad vemos que incluso las instituciones que administran (en nombre del Estado) nuestra identidad son las que no suelen reconocer esto, poniendo a muchas personas trans en una situación de falta de garantías e indefensión ante la violencia y el feminicidio. Esto es algo que nos ha sucedido a muchas de alguna manera, y el caso de Helen no es una excepción; de hecho, ilustra bien esta responsabilidad del Estado.

Cabe hacerse la pregunta: ¿Por qué Helen Maldonado se encontraba en un pabellón de hombres? Incluso, desde hace algunos años existe pabellones específicos para personas en tercera edad y personas LGBTI en muchos centros. ¿Por qué Helen no estaba en esos pabellones? La respuesta tiene que ver un poco con lo ya dicho: el acceso a derechos dentro nuestra sociedad es desigual.

Además, las normas penitenciarias no son muy claras sobre los protocolos para las personas trans privadas de libertad; no existe una ley que reconozca de manera plena nuestra identidad ni mecanismos que garanticen nuestros derechos históricamente privados, sumado a la poca importancia que se le da al tema desde el Estado y la sociedad.

La justicia es un derecho que nos ha sido alejado y Helen fue víctima de ello desde que ingresa al sistema judicial. Sus condiciones y posibilidades no eran las mismas de la mayoría, no se encontraba en condiciones igualitarias ante la ley (así como muchas personas de escasos recursos) y posiblemente sabía que las consecuencias de ser procesada por ese sistema podrían ser fatales para ella, como ser enviada al pabellón masculino, ser expuesta a la violencia del resto de detenidos o incluso de sus cuidadores.

En Ecuador, el cambio de nombre es una realidad a partir del caso “Ciudadana Luis Enrique”, de 2007, y posteriormente materializado en la Constitución de 2008, al igual que el término identidad de género.

El movimiento trans, desde 2014, promovió una ley para el reconocimiento del género de las personas trans. En 2016 este proceso terminó de manera no satisfactoria porque la Asamblea aprobó una ley que establece una categoría opcional y segregacionista (entre varios aspectos más) para la identidad de las personas trans.

Esto, evidentemente, causó muchos problemas, pero sobre todo no permitió se cumpla con dos objetivos fundamentales: 1) el reconocimiento de la identidad trans y 2) el reconocimiento y protección material sobre la identidad de género de las personas trans.

Es así que se va entendiendo (desde la argumentación de los derechos humanos) no solo cómo el Estado es responsable de la violencia de la que fue víctima Helen (al igual que el resto de personas privadas de la libertad que vieron su vida finalizada con extrema violencia), también es responsable por haberla expuesto a vulneraciones respecto a su identidad de género.

Si se le hubiese brindado la protección necesaria y tenido un proceso justo, en igualdad de condiciones, Helen nunca hubiera estado en el pabellón de hombres ni habría sido asesinada.

El Estado está en deuda con Helen, así como con muchas personas trans que se enfrentaron al sistema judicial y penitenciario; con muchas mujeres trans que no han encontrado otra opción más que el trabajo sexual; con las sobrevivientes de la penalización de la homosexualidad, como el caso del Colectivo Nueva Coccinelle; y muchas personas que son víctimas de la vulneración histórica con consecuencias hasta el día de hoy.

El Estado está en deuda con las personas trans e incluso hay resoluciones de la Corte Constitucional y debe afrontarse con la urgencia del caso. De no hacerse efectivo nuestro derecho a una vida libre de violencia, así como a el reconocimiento de nuestra identidad de manera segura jurídicamente, estas violaciones de derechos seguirán ocurriendo, y la violencia (trans)feminicida seguirá rondando nuestras existencias. Estamos en resistencia a un sistema violento, luchando por ser nosotras mismas.